Dr. Gustavo Duque Largo
No voy a fingir neutralidad, ya que mi posición de parte de María Corina Machado es inalienable. Pero, cuando uno ha pasado años leyendo expedientes y otros tantos escribiendo crónicas, aprende que hay dos verdades en toda historia de poder: la que se firma y la que se sufre. En el caso de Venezuela, ambas están separadas por un abismo.
Si los republicanos pierden el Congreso en noviembre de 2026, no amanecerá una Venezuela democrática. Pero Washington dejaría de tener vía libre. Un Congreso demócrata no maneja la diplomacia, pero sí los fondos, las audiencias y el micrófono. Eso significa licencias petroleras bajo lupa, acuerdos como el firmado en agosto de 2026 cuestionados, migración venezolana con más voces críticas y una narrativa donde la intervención deja de ser trofeo y se convierte en lastre. No es un giro de fondo; es un cambio de ritmo. Y en Venezuela, el ritmo importa.
Ahora, si a eso le sumamos un impeachment, el asunto se vuelve más denso. Un impeachment no es una sentencia penal. Es un juicio político. No anula contratos por arte de magia. Aquí entra la continuidad del Estado: la personalidad jurídica de un país no desaparece porque cambie su gobierno, ni siquiera porque nazca de un golpe. El caso Tinoco lo dejó claro en 1923. Bajo esa lógica, el acuerdo petrolero firmado por la administración Trump con el régimen que lidera Delcy Rodríguez seguiría vigente como obligación internacional, aunque Trump caiga.
Pero —y aquí habla el abogado— hay un defecto de origen. La Constitución venezolana exige que los contratos de hidrocarburos pasen por el Legislativo. Firmar con un ejecutivo de facto, sin elección de por medio, salta ese canal. La oposición venezolana ya lo ha advertido: esos contratos pueden ser impugnados por falta de cualidad política de quien firma. El reconocimiento que Estados Unidos le dio a Delcy Rodríguez como única jefa de Estado autorizada es, hoy, el escudo legal del acuerdo. Pero un escudo no convierte en legítimo lo que nació sin mandato.
¿Qué haría un impeachment entonces? No borrar el acuerdo. Pero sí quitarle oxígeno. Un Congreso demócrata puede negar fondos para su implementación, exigir transparencia total sobre los ingresos y debilitar el capital político del Ejecutivo para defenderlo en tribunales internacionales. Si más adelante llega al poder en Venezuela un gobierno con mandato real, la impugnación por vicio de nulidad tendría mucho más fuerza.
Como periodista, la conclusión es incómoda: el problema no es solo Trump, ni los demócratas, ni Delcy Rodríguez. El problema es que se están firmando contratos sobre un país sin que su pueblo haya podido consentir. Como abogado, la conclusión es más dura: ningún acuerdo sobrevive para siempre si nace sin legitimidad. La ley puede sostenerlo un tiempo; la política puede asfixiarlo; pero solo la voluntad de los venezolanos puede darle un piso real.
Un Congreso distinto o un impeachment no son soluciones mágicas. Son contextos. Lo que cambia no es el fondo del drama venezolano, sino el margen de maniobra de quienes lo negocian por encima de la cabeza de los venezolanos. Y eso, se mire como se mire, no es poca cosa.
Abogado Gustavo Duque Largo [email protected]
Analista político internacional