El abogado Omar Mora Tosta afirmó que en la práctica los tribunales contra terrorismo se “multiplicaron”, pues ahora son «más de 600 tribunales a nivel nacional» que continuarán la revisión de detenciones por motivos políticos
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de eliminar las competencias especiales en delitos de terrorismo a cuatro tribunales de control no trae mejoras sustanciales en la administración de justicia en el país, pues apenas elimina una pequeña parte del problema que afecta a presos políticos y sus familias.
En los tribunales de control se realiza la primera parte del proceso penal. Acceso a la Justicia ha referido que, como lo dice su nombre, estos juzgados «controlan» la fase de investigación que realiza la Fiscalía General de la República, determinan si se ha cometido el delito por el que presuntamente se acusa a una persona y, además, evalúan si el acusado debe mantenerse en prisión preventiva o no.
Pero en octubre de 2012, por medio de una resolución del Tribunal Supremo de Justicia, se crean los tribunales de terrorismo para atender la aplicación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia organizada y financiamiento al Terrorismo. Desde entonces, los casos se centralizaron en cuatro tribunales especiales de control, cuatro de juicio y las respectivas instancias de ejecución, todos con sede en la ciudad de Caracas.
A partir de 2019 estos tribunales empezaron a concentrar la mayor cantidad de detenciones políticas y fueron señalados por instancias internacionales como uno de los «brazos ejecutores» del Poder Ejecutivo en materia de represión contra la disidencia. ¿Cómo se hizo? Tras arrestos masivos o selectivos por parte de organismos de seguridad, estas personas pasaban por periodos de desaparición forzada, de corta o larga duración, donde eran presentados ante tribunales de control. En muchos casos, se ha denunciado la negativa de los jueces a reconocer graves violaciones a los derechos humanos de los detenidos, incluyendo torturas o violencia sexual.
Una nueva orden del TSJ (la resolución N° 2026-0010) eliminó los juzgados especiales de control en esta materia, bajo el alegato de «abordar y resolver oportunamente las deficiencias estratégicas en la organización judicial, en pro de mejorar el control judicial en la investigación, el enjuiciamiento de los delitos y, en suma, la administración de justicia, y así garantizar un proceso sin dilaciones indebidas».
En la práctica, señaló Acceso a la Justicia, ahora son los juzgados de control penales ordinarios los que ahora conocerán de los casos de terrorismo, de acuerdo a su competencia territorial.
Esta descentralización «puede representar un alivio para los procesados y sus familias», al eliminar los traslados desde las regiones hasta Caracas para presentarse en estos tribunales pero, ha insistido la ONG, la decisión «no resuelve el problema de fondo: el uso de la justicia penal como instrumento de persecución política».
«Los delitos de terrorismo previstos en la legislación venezolana siguen vigentes. La Resolución no modifica ni deroga las normas penales que han permitido utilizar estas figuras para perseguir a personas por razones políticas», ha señalado Acceso a la Justicia.
Marta Tineo, abogada y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, va más allá. Resaltó a periodistas del diario TalCual que entre los «beneficiados» están presos políticos cuyos casos se mantienen en fase intermedia. «Por ejemplo, aquellos excarcelados recientemente y que tienen medidas de presentación periódicas ante tribunales ya no tendrán que venir a Caracas a presentarse sino que lo harán en los tribunales donde tengan la competencia y hasta tanto no se realice la audiencia preliminar».
Aunque si el juez o jueza dictamina en audiencia preliminar que hay suficientes elementos de convicción para pasar a la siguiente fase del proceso penal, estos pasarán nuevamente a la competencia especial de juicio que se mantiene en Caracas. «Quizás más del 60% o 70% de las personas que han sido excarceladas y se mantienen judicializadas están en fase de juicio. Hablamos de más de mil personas, porque hay un número importante de causas mucho más antiguas que se mantienen en juicio», destacó Tineo.
Tribunales de terrorismo «se multiplicaron»
El abogado Omar Mora Tosta, en entrevista al circuito Onda, afirmó que en la práctica los tribunales contra terrorismo se “multiplicaron”, pues ahora son «más de 600 tribunales a nivel nacional (que) van a aplicar esos instrumentos perniciosos e inconstitucionales como la Ley del Odio, la Ley Orgánica Simón Bolívar, es decir, todo este conjunto de leyes que restringen los derechos civiles, políticos y económicos de los venezolanos y eso no debe ser».
¿Y qué pasa con las causas que ya estaban en audiencia preliminar? Pues serán redistribuidas a tribunales penales ordinarios dependiendo de la competencia territorial, es decir, en dónde se cometió el presunto delito.
La resolución del TSJ establece que aquellos casos donde conste “la ejecución activa e inminente de una operación encubierta, entrega controlada, interceptación telefónica en tiempo real o medida cautelar urgente sin materializar”, no serán redistribuidos de inmediato. El máximo tribunal otorga un «plazo máximo de 15 días hábiles» al juez especial suprimido para culminar las diligencias o procedimientos en curso e informar al Ministerio Público.
Asimismo, la remisión de expedientes «no se hará a través del flujo ordinario de valija común, sino mediante Acta de Entrega Personal e Inmediata entre el Secretario del Tribunal suprimido, la Presidencia del Circuito Judicial Penal y el Juez de Control Ordinario Receptor designado mediante el sistema aleatorio automatizado».
Esta es la situación que enfrentan los ocho funcionarios civiles y militares vinculados al caso Azul Celeste, a quienes las autoridades acusan de entregar información a EEUU que derivó en la captura de Nicolás Maduro, o del caso Relámpago del Catatumbo, como denominó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, a una operación contra el narcotráfico en el estado Zulia.
La audiencia preliminar del caso Azul Celeste fue fijada inicialmente para marzo, pero ha sido diferida en más de 19 oportunidades. El jueves 15 de octubre los ocho acusados estaban conectados de forma telemática con el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo, a cargo de Carlos Liendo, cuando el juez recibió una llamada del TSJ para informarle que su jurisdicción había sido eliminada.
«La suspendieron y ahora hay que esperar a que se distribuya nuevamente el expediente para la audiencia preliminar», dijo Alida Hernández, hermana del coronel Ulises Hernández.
El abogado Joel García explicó que, en el caso de la operación Relámpago del Catatumbo y que reúne a más de 40 acusados, la audiencia estaba fijada para este 20 de octubre y ahora deben esperar a que la causa sea asumida por un tribunal del estado Zulia.
García dijo que esta redistribución debería ser inmediata. «Debería ser esta semana, pero como nada se rige por tiempos, esperamos que sea lo más pronto posible».
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