La familia de Víctor Hugo Quero Navas cuestionó el reporte oficial sobre las causas del fallecimiento de su pariente en prisión bajo custodia del Estado, según consta en un documento difundido en Caracas con fecha del 3 de junio de 2026.
Los allegados de la víctima calificaron como una falta grave que el Ministerio Público divulgara los resultados periciales el pasado 2 de junio sin permitir la intervención de médicos independientes. La Fiscalía determinó oficialmente que la causa del fallecimiento del preso político fue un tromboembolismo pulmonar.
Denunciaron que la institución judicial vulneró el deber de reserva legal al presentar los exámenes de la exhumación del 8 de mayo como conclusiones definitivas de la causa criminal.
El pronunciamiento civil advierte que el boletín de la Fiscalía General omitió los detalles sobre las responsabilidades legales de los funcionarios públicos que custodiaban al detenido. Indicaron que existen evidencias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos que involucran a autores materiales, cómplices y encubridores del deceso.
La muerte de Quero Navas ocurrió bajo la custodia exclusiva del Estado venezolano hace aproximadamente un año en las instalaciones del Centro Penitenciario Rodeo I, un hecho que exige, a juicio de la familia de la víctima, una evaluación penal exhaustiva de todo el personal de guardia.
Ante esta situación, los familiares exigieron a la Fiscalía 80° con Competencia Nacional el cese inmediato de cualquier acción que pretenda absolver de cargos a los agentes estatales implicados. La solicitud formal demanda que el proceso penal incorpore de manera estricta los parámetros internacionales del Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.
Los denunciantes recordaron que la búsqueda de justicia, la transparencia institucional y la imparcialidad en la evaluación de los restos óseos constituyen objetivos fundamentales que interesan a toda la sociedad, más allá de cualquier postura política.
Este pronunciamiento se une a otras reacciones de activistas de derechos humanos y dirigentes políticos de oposición que han exigido una investigación e independiente y transparente sobre el caso.
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