El defensor de derechos humanos Antonio González explicó que tienen identificadas a 67 personas detenidas, aunque presumen que pueden superar las 200, por supuesto terrorismo -entre otros delitos-, entre ellos dos hombres que al momento de su arresto eran menores de edad

Familiares del “caso Tancol”, como han denominado a detenciones arbitrarias entre los años 2021 y 2022 en la frontera, solicitaron este jueves al Ministerio Público que de respuestas sobre las solicitudes hechas el pasado 30 de abril, donde pidieron la revisión de casos, libertad inmediata de todos los detenidos o medidas cautelares por razones humanitarias.

El defensor de derechos humanos Antonio González explicó que tienen identificadas a 67 personas detenidas, aunque presumen que pueden superar las 200, por supuesto terrorismo -entre otros delitos-, entre ellos dos hombres que al momento de su arresto eran menores de edad.

Caso Tancol

«Más del 80% de las personas detenidas fueron torturadas, muchas de ellas obligadas a autoinculparse, no se les permitió la defensa privada (…) no se les garantiza un juicio justo, fueron privados en centros de reclusión lejanos a su lugar de residencia», expresó el activista a las afueras del MP.

Indicó que muchas de estas personas no habían denunciado su situación «por miedo», además de la lejanía geográfica con los centros de reclusión y su propia situación económica.

#Ahora | Lourdes García, mamá de Renny González, uno de los seis presos postelectorales que todavía se encuentran detenidos en las cárceles, pide a las autoridades su libertad plena e inmediata. Señala que, al igual que las más de dos mil personas excarceladas bajo medidas… pic.twitter.com/TPQcksvIQW

El activista señaló que estas personas están siendo procesadas por tribunales con competencia en terrorismo «que tienen una mayor subordinación a las autoridades políticas». 10 de los 67 ya fueron condenados a pena máxima. Asimismo, hay 17 personas con graves problemas de salud que no han recibido atención médica especializada, como es el caso de Rudy Ibarra.

Diana Ibarra, madre de Rudy, pidió a las autoridades su libertad inmediata. Comentó que la mujer presentó una parálisis facial estando detenida, pero no fue vista por algún especialista.

#Ahora | Diana Ibarra pide a las autoridades la libertad inmediata de su hija Rudy Ibarra, una de las detenidas del “caso Tancol”.

Ibarra, actualmente detenida en el INOF, fue detenida en septiembre de 2021 en la población de Naranjales, estado Táchira. “La golpearon delante de… pic.twitter.com/ENmVb9tKeu

Ibarra, actualmente detenida en el INOF, fue detenida en septiembre de 2021 en la población de Naranjales, estado Táchira. Su madre aseveró que “la golpearon delante de sus hijos, de ahí se la llevan y durante un mes no supimos nada de ella (…) la amenazaron con matarle a sus hijos, le pedían 15.000 dólares y al no tener respuesta la trasladaron a Caracas”.

Denunció además que su hija, quien está acusada junto a otras tres personas, enfrenta un segundo juicio luego de la suspensión del primero “sin ningún motivo”.

Dentro de este grupo también hay 19 ciudadanos extranjeros (colombianos) o con doble nacionalidad. Tal es el caso del colombiano Yeferson Clofort Calderón, detenido en Guasdualito (estado Apure) en una alcabala de la Dgcim. Su hermano, Francisco Galván, pidió un juicio justo y la libertad plena de todas las personas arrestadas bajo esta acusación. «Ha pasado por siete penales y del juicio no han dicho nada».

«Hemos vivido angustia y dolor, es nuestra familia, nuestra sangre. Pedimos que nuestros familiares regresen a nuestras casas», expresó.

Tras una reunión con representantes de la Dirección de Derechos Fundamentales, se les dijo a los familiares que están dando «prioridad» a los casos de personas con graves problemas de salud y se articula con otras fiscalías para revisar la situación de cada uno de los detenidos.

La administración de Nicolás Maduro creó el acrónimo “Tancol” para referirse a grupos irregulares colombianos terroristas. Tras enfrentamientos entre la Fuerza Armada y grupos irregulares en la frontera en el año 2021, señaló González Plessman, se detuvo de decenas de civiles en estados fronterizos con Colombia y se les acusó de pertenecer a estas estructuras “para mostrar éxito en las políticas de seguridad”.

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