El Ministerio Público designó a las fiscalías 21 de Lara y 98 Nacional para investigar el allanamiento de un sauna en Barquisimeto. Por este hecho, cinco funcionarios de la PNB fueron puestos a la orden del MP por presunta corrupción, luego de que diversas ONG denunciaran la extorsión y criminalización de más de 30 ciudadanos por su orientación sexual
El Ministerio Público (MP) anunció el inicio de una investigación por el presunto allanamiento y la ejecución de presuntos actos contrarios a la ética pública en un sauna ubicados en el este de Barquisimeto, estado Lara, ocurrido el pasado sábado 30 de mayo y que derivo en la detención de más de 30 hombres que se encontraban en el sitio.
La Fiscalía hizo el anuncio en un comunicado divulgado en redes sociales en horas de la noche del 31 de mayo. El ente indicó que fueron designadas la Fiscalía 21 de esa entidad y la Fiscalía 98 Nacional, esta última con competencia en la protección de los derechos humanos y la diversidad de género.
Indicó que el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) activó sus mecanismos de control interno y puso a disposición de las autoridades judiciales a cinco funcionarios adscritos a esa institución. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, los efectivos serán presentados ante un tribunal de control por la presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal y en la Ley contra la Corrupción.
El inicio de la acción penal coincide con las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas el Observatorio Venezolano de Violencias Lgbti, el Movimiento SOMOS, Provea, Uquira y PP Foundation.
Las organizaciones habían denunciado que el procedimiento, ejecutado por oficiales vestidos de civiles, derivó en actos de extorsión y la detención arbitraria de los usuarios presentes en un comercio tipo sauna, bajo el argumento de ejercer un supuesto delito de homosexualidad inexistente en el marco jurídico del país.
Las organizaciones alertaron sobre la similitud de este caso con otros registrados en años anteriores, uno de ellos fue en el año 2023 en el estado Carabobo.
En esa ocasión, 33 hombres fueron aprehendidos en un establecimiento con características comerciales idénticas. Las fuerzas policiales alegaron actuar bajo denuncias vecinales y la Fiscalía les imputó cargos por ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica, resultando en medidas cautelares de presentación periódica y la confiscación del local.
Ante el nuevo suceso en Barquisimeto, el Ministerio Público ratificó su competencia constitucional para velar por los derechos ciudadanos sin discriminación.
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