El Observatorio venezolano de Prisiones (OVP) exhortó al Ministerio de Servicio Penitenciario a que informe las circunstancias que rodearon la muerte de dos reclusos en el CF Hombre Nuevo El Libertador e inicie una evaluación inmediata de salud a toda la población de este centro penitenciario de Carabobo
El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la muerte de un nuevo recluso en el Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador, ubicado en Carabobo, el segundo en poco más de 24 horas. Antes los decesos, la organización exigió al Ministerio de Servicio Penitenciario investigar los protocolos y atención sanitaria a los privados de libertad en este y otros recintos carcelarios.
«El fallecimiento de otro privado de libertad… ocurrido apenas un día después de que denunciáramos una primera muerte en ese establecimiento, enciende nuevamente las alarmas sobre la atención médica que reciben las personas bajo custodia del régimen», expresó el OVP en sus redes sociales.
Según pudo conocer la organización, Ángel Gabriel Hurtado Fuentes fue trasladado al Hospital Central Dr. Enrique Tejera, en Valencia, donde falleció tras presentar complicaciones asociadas a un cuadro cardiovascular. Las autoridades no han informado cuál era su condición de salud, los chequeos recibidos o las circunstancias de su muerte.
«Cuando dos personas fallecen en un mismo establecimiento penitenciario en un período tan corto, ya no se trata únicamente de hechos aislados», alertó el OVP, que reiteró su exigencia de determinar si la atención médica del penal funciona adecuadamente, los traslados hospitalarios se realizan de manera oportuna o si las autoridades «están identificando y atendiendo a tiempo a las personas privadas de libertad que requieren asistencia especializada».
El Observatorio exhortó al Ministerio de Servicio Penitenciario a que informe las circunstancias que rodearon ambas muertes e inicie una evaluación inmediata de salud a toda la población de este centro penitenciario de Carabobo.
«Cada persona que muere bajo custodia, sin respuestas, sin investigación y sin medidas para evitar nuevos fallecimientos, representa un incumplimiento de ese mandato constitucional. Entonces, nos preguntamos: ¿Cuántas muertes más deben ocurrir para que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público actúen y cumplan con el deber que la propia Constitución les impone de proteger la vida de quienes permanecen bajo custodia?», cuestionó la ONG.
Noti/Imágenes