OVP – Observatorio Venezolano de Prisiones cadena perpetua derecho al voto
El Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que el Centro Penitenciario de Occidente I «Cipriano Castro» sufre un hacinamiento de 165% y alertaron sobre la falta de atención médica e insuficiencia alimentaria que afecta a la población carcelaria bajo la custodia del Estado
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó el fallecimiento de Yonny José Bastidas Briceño, un ciudadano que se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario de Occidente I “Cipriano Castro”, ubicado en Santa Ana, estado Táchira. El deceso se produjo a consecuencia de una peritonitis aguda combinada con otras complicaciones de salud que no recibieron el tratamiento correspondiente.
De acuerdo con los datos divulgados por la organización, el recinto penitenciario alberga actualmente una población que supera los 1.400 reclusos, lo que representa un índice de hacinamiento superior a 165%. El OVP señaló que la ausencia de una atención médica integral y oportuna fue el factor determinante en la muerte de Bastidas Briceño.
Con este caso, la cifra de personas fallecidas en los centros penitenciarios de Venezuela se eleva a 27 víctimas en los últimos cuatro meses, un indicador que las organizaciones interpretan como un reflejo del estado de desatención institucional que padece la población penal.
El monitoreo de la organización detalla que solo en este mes se ha constatado el fallecimiento de otros tres privados de libertad bajo condiciones similares de desprotección. Entre las víctimas identificadas se encuentran Yosevet de Jesús Lozada, quien permanecía recluido en el internado judicial Rodeo III; Alberto Rafael Solarte Cabrera, cuyo deceso ocurrió en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado (antigua cárcel de El Marite), en el estado Zulia; y Fabiana Desiree Páez Fernández, quien se convirtió en la primera mujer fallecida de la que se tiene registro oficial dentro del centro penal La Crisálidas.
La organización recordó que en su informe anual correspondiente al 2025 ya se había documentado que la falta de asistencia médica e insumos sanitarios fue la causa directa de 95% de las muertes de reclusos en el país. La ONG enfatizó que cuando una persona fallece bajo la custodia de organismos públicos, y se configuran elementos como la desnutrición o la negligencia médica, se violentan los deberes fundamentales de protección del marco constitucional, puesto que los ciudadanos privados de libertad dependen enteramente de las autoridades administrativas para garantizar su alimentación, salud y el acceso a una vida digna.
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