Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, afirmó que a nadie le sirve, «incluso a Nicolás Maduro, promover unas elecciones sin ningún reconocimiento internacional». Destacó que las ONG se mantendrán en exigencia del cumplimiento de las observaciones hechas por la misión electoral de la Unión Europea en 2021

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil rechazaron este jueves 2 de noviembre los ataques desde diversos actores oficialistas e instituciones del Estado, como el Tribunal Supremo de Justicia, contra las primarias opositoras del pasado 22 de octubre. Aseguraron que estas acciones forman parte de los «múltiples intentos de cortar la ruta a las elecciones presidenciales de 2024», por lo que deben mantenerse «firmes».

En un comunicado, leído por la exrectora suplente del CNE Griselda Colina, se aseguró que las amenazas contra la sociedad civil han aumentado luego de las primarias del 22 de octubre. Se señaló que esos comicios «van más allá» de la escogencia de una candidatura unitaria, pues demuestran «la determinación que hay en cada venezolano por producir un cambio democrático».

Las oenegés calificaron las primarias como un «hito cívico», pues consideran que desmitifican la «encrucijada» de un camino belicista, demuestran la movilización y organización de la sociedad civil y el compromiso de los venezolanos en un camino pacífico, electoral y constitucional.

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«La elección es la ruta de la institucionalidad democrática en Venezuela», dijo Colina en una rueda de prensa. La directora del Observatorio Global de Comunicación también se refirió a la presencia de representantes del Centro Carter en Caracas para evaluar el despliegue de una misión electoral en las presidenciales de 2024.

Recordó que no solo se reunirán con el CNE, sino con organizaciones de la sociedad civil, al tiempo que destacó que «la presencia de grupos de observación electoral calificados deja no solo recomendaciones, sino un registro de lo que pasa en un contexto como el de Venezuela».

También afirmó que hay «reacciones y diplomacia de micrófono», referente a las acusaciones del sector oficialista por violación e incumplimiento de los acuerdos parciales firmados en Barbados el pasado 17 de octubre. «El Acuerdo de Barbados está vigente y nos toca a todos mantenernos firmes con el camino electoral 2024 y 2025».

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, aseguró que la reciente decisión del TSJ contra las primarias ratifica que «los jueces, juezas y fiscales se han convertido en autores y promotores de graves violaciones a los derechos humanos», en especial de persecución política.

Otra situación que también ha sido ratificada, señaló Uzcátegui, es la capacidad de actuación del gobierno venezolano para acallar la disidencia y la crítica a través de castigos ejemplarizantes.

El coordinador general de Provea dijo que la judicialización del proceso se hizo «para tratar de evaporar la participación y el hecho político donde se expresó la voluntad de los venezolanos. Esperamos que la dirigencia política y democrática entienda el mensaje de los venezolanos de un proyexcto unitario e incluyente».

Afirmó que a nadie le sirve, «incluso a Nicolás Maduro, promover unas elecciones sin ningún reconocimiento internacional». Destacó además que las ONG se mantendrán en exigencia del cumplimiento de las observaciones hechas por la misión electoral de la Unión Europea en 2021.

«Cada una de las siete recomendaciones representan un desafío en el contexto actual», dijo Uzcátegui, y no se limitan solo a la inhabilitación de algunos candidatos.

También alertó que si la situación venezolana» vuelve a escenarios de violencia, los principales afectados serán nuestros países vecinos», por lo que la posición de la comunidad internacional será importante. Mostró su preocupación de que la coalición europea levante las sanciones personales impuestas a funcionarios venezolanos y que comercialicen de nuevo armas «con un país investigado en la CPI».

«Las autoridades harán todo lo posible para aumentar las tensiones y crear obstáculos. El elemento clave para una transición a la democracia es la unidad», reiteró.

Por su parte Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, dijo que esta acción desde el Ejecutivo venezolano antes de una audencia en la Corte Penal Internacional evidencia «que no se han hecho los cambios pertinentes en el sistema de justicia (…) Estamos muy conscientes de lo que jurídico es secundario y lo político sigue prevaleciendo. La judicialización de las primarias confirma el uso del sistema de justicia».

El abogado aseveró que a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria se les han violado sus derechos, como la presunción de inocencia y el debido proceso y descartó además los delitos por los cuales están bajo investigación penal.

«La usurpación de funciones implica que una persona se haga pasar por un funcionario. Las personas de la Comisión actuaron en su propio nombre, nunca como miembros del CNE», explicó. Además comentó que ya todos los organismos internacionales de protección de derechos humanos están al tanto de todos los ataques hacia esta instancia y la participación de los venezolanos.

Daniels también recordó que este jueves vence el lapso de tres días de la Comisión para presentar todo el material al TSJ, por lo que pueden señalarlos de desacato. «No puede ser un desacato, esto fue decidido hace meses».

Con información de Tal Cual

Coordinación Sala de Redacción, Lcda. Amarilis Romero, CNP 12267   

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