Sectores políticos y Arreaza se han olvidado de los presos politicos privados de libertad, incluso en estados de salud con precariedad.
El OVP señaló que solo en el mes de junio documentó 11 fallecimientos en diferentes centros penitenciarios a nivel nacional. Recordó que la privación de libertad no suspende el derecho a la salud ni exonera al gobierno de su responsabilidad como garante sobre la vida e integridad de las personas bajo su custodia
Entre el 15 y el 25 de junio, cinco personas bajo custodia del Estado fallecieron a causa de complicaciones médicas, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). « No se trata únicamente de personas que padecían enfermedades, sino de seres humanos que permanecían bajo custodia del régimen y que tenían derecho a recibir atención médica oportuna, tratamientos adecuados y condiciones de reclusión compatibles con la dignidad humana», reclamó la ONG en sus redes sociales.
De acuerdo con la organización, los nuevos casos corresponden a Ángel Francisco Urdaneta Molero (52 años), recluido en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado Rosales; Wilmer José Lucena González, en el Centro de Formación Fénix Hombre Nuevo El Libertador; Alejandro José Pulgar, en el Centro Penitenciario Fénix Lara; Alirio José Delgado Sánchez, en el Centro Penitenciario de Occidente I “Cipriano Castro”; y Orlando José Villarroel Sánchez, también recluido en el Centro de Formación Fénix Hombre Nuevo El Libertador.
El OVP señaló que solo en el mes de junio documentó 11 fallecimientos en Rodeo III, La Crisálida, el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales “26 de Julio”, el Centro Penitenciario de la Región Andina, el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado Rosales y el Centro Penitenciario de Occidente I “Cipriano Castro”.
«Tuberculosis, enfermedades respiratorias, afecciones cardiovasculares y otras patologías continúan agravándose en recintos donde la falta de medicamentos, la demora en los traslados hospitalarios, la ausencia de atención médica especializada y las condiciones insalubres terminan poniendo en riesgo la vida de quienes permanecen bajo custodia», escribió la organización en X.
De igual modo, el OVP cuestionó la actuación de la Defensoría del Pueblo ante las muertes en los penales, asegurando que sigue sin demostrar, con acciones concretas, que la protección de los derechos humanos de los presos sea una prioridad. «El silencio institucional frente a esta realidad también contribuye a perpetuar la impunidad», señaló.
El observatorio exigió investigaciones independientes sobre cada una de estas muertes y la adopción inmediata de medidas para atender la emergencia sanitaria que atraviesan las cárceles y calabozos policiales del país.
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