Fotos: Cortesía Caleidosopio Humano
Un grupo de familiares, víctimas, defensores de derechos humanos y ciudadanos manifestaron en la sede del Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género en Caracas para denunciar el registro de casos de violencia sexual, tortura y tratos crueles contra las mujeres consideradas presas políticas que permanecen bajo la custodia del Estado.
Durante la jornada, las manifestantes entregaron un documento formal en el cual exigen una investigación exhaustiva y protección inmediata tanto para las internas como para sus familiares. El texto también solicita atención integral, garantías para la vida y la libertad plena de todas las detenidas por motivos políticos, además del cese de las requisas invasivas que sufren las mujeres que acuden a las visitas penitenciarias.
En un principio, la viceministra para la igualdad de género y no discriminación, Nancy Ortuño Rojas, junto a la directora de despacho del organismo, se acercaron a las personas concentradas. Las funcionarias invitaron a las portavoces de la protesta a ingresar a las instalaciones para consignar el documento y exponer de manera directa sus reclamos.
Posteriormente, la ministra de la Mujer, Yelitze Santaella, recibió a una delegación del grupo. Evelyn Pinto, coordinadora de la organización Mujeres en la Política y miembro de la Alianza de Mujeres Políticas, señaló que el encuentro estuvo marcado por posturas que consideró de un «fuerte cinismo». De acuerdo con Pinto, la ministra cuestionó las solicitudes de los familiares y objetó las acusaciones bajo el argumento de que existe una intención de calificar a todas las reclusas como presas políticas.
La representante de Mujeres en la Política instó a las autoridades a un pronunciamiento oficial y al inicio de investigaciones con un enfoque de género ante los presuntos abusos sexuales. Detalló las precarias condiciones de reclusión, donde la escasez de agua afecta de manera directa la higiene menstrual de las internas, quienes tampoco cuentan con acceso continuo a productos sanitarios.
La activista expuso que muchas reclusas sufren el aislamiento y la separación de sus hijos en pleno periodo de lactancia. De igual forma, recordó que existen múltiples registros de torturas contra mujeres vinculadas con el caso de la Operación Gedeón. A su juicio, el Estado aplica un trato diferenciado hacia las presas por causas políticas y utiliza el cuerpo femenino como un botín.
La respuesta de la ministra ante las denuncias sobre las revisiones corporales abusivas hacia los familiares consistió en afirmar que el despacho desconocía la existencia de esa situación. Esta declaración generó descontento entre los defensores, quienes interpretaron la postura de Santaella como una muestra de falta de solidaridad y de responsabilidad institucional frente a denuncias que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ya ha visibilizado de forma reiterada. «Estado machista», gritaron las manifestantes.
Al concluir la reunión, la ministra Yelitze Santaella abandonó la sede del organismo de forma apresurada y rechazó escuchar a las personas que permanecían en las afueras. En ese momento, los manifestantes expresaron su rechazo con consignas que tildaron la gestión de «opresora» y cuestionaron que la defensa a los derechos de las mujeres solo se difunda a través de las pantallas de televisión.
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