Dr. César Ramos Parra
Evidentemente, ciudadana ministra, Venezuela requiere con urgencia la promulgación de una nueva Ley de Universidades. La obsolescencia conceptual de la Ley de Universidades de 1970, cuyas disposiciones entran en contradicción con la Ley Orgánica de Educación promulgada en 2009, generó un conflicto jurídico que sumió a las instituciones de educación superior en un escenario de incertidumbre normativa que su gobierno nunca resolvió.
A este conflicto se sumaron la suspensión de los procesos electorales universitarios, las constantes violaciones a la autonomía de las universidades, el desconocimiento de las contrataciones colectivas y el menosprecio a los gremios legítimamente constituidos, como la FAPUV. Asimismo, las reiteradas insuficiencias presupuestarias condujeron al deterioro de la planta física, la paralización operativa, el desestímulo a la investigación y la eliminación de becas, comedores, transporte y demás providencias estudiantiles. Todo ello, aunado a salarios miserables y a una abierta discriminación hacia el personal jubilado, provocó la fuga masiva de capital intelectual, un deterioro significativo de la calidad de la enseñanza y una elevada deserción estudiantil.
El resultado es inocultable: asistimos a la agonía de casi todas nuestras universidades, convertidas hoy en instituciones de mera subsistencia. En ellas apenas es posible impartir una docencia cada vez más limitada o mantener programas de posgrado ofrecidos de manera onerosa a quienes pueden pagarlos, particularmente a profesionales extranjeros. Esta situación ha derivado en la mercantilización de un servicio educativo fundamental que debería privilegiar a nuestros propios egresados, garantizándoles la continuidad de su formación y contribuyendo al fortalecimiento del capital intelectual del país.
Las universidades de hoy requieren transformaciones profundas y una verdadera reingeniería organizacional que les permita responder a los desafíos de la sociedad del conocimiento, la inteligencia artificial y las tecnologías educativas de última generación. Esta renovación debe colocar en el centro de sus prioridades al personal universitario, mediante condiciones salariales y laborales dignas, por constituir su principal capital humano, así como a los estudiantes, destinatarios fundamentales de todo esfuerzo institucional.
Alcanzar este propósito exige una transformación profunda del sistema educativo en todos sus niveles y el reconocimiento de la educación como una prioridad fundamental del Estado. Por ello, la universidad venezolana que debemos refundar necesita mucho más que una nueva ley: requiere un modelo universitario renovado, sustentado en la calidad, la innovación, la meritocracia y la responsabilidad social.
Lamentablemente, bajo la orientación de este régimen, responsable directo y exclusivo del colapso universitario, no existen condiciones para emprender semejante reconstrucción, y mucho menos para alcanzarla mediante la simple promulgación de un nuevo texto legal. Esta solo será posible con un cambio en la conducción del Estado y la restitución de la democracia, la libertad y el Estado de derecho.
En este contexto, invitar a la comunidad universitaria a sumarse a la formulación de una nueva ley constituye un distractivo tardío, un sainete al que no podemos prestarnos. La reconstrucción de la universidad venezolana no puede reducirse a un ejercicio legislativo ni a una convocatoria desprovista de las condiciones institucionales necesarias para hacerla realidad. Vendrá de la mano de un nuevo gobierno, surgido de la voluntad popular y comprometido con devolverles a nuestras universidades el lugar, la autonomía y el trato digno que merecen.
¡LUZ PARA TODOS!
Dr. César Ramos Parra
Profesor Universitario
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