El SNTP exige derogar la Ley contra el Odio y advierte que su reforma mantiene mecanismos de censura y fuertes sanciones económicas
El sindicato alertó que, aunque se eliminan las penas de cárcel, el proyecto aprobado en primera discusión por la AN faculta al Ministerio de Interior para imponer multas severas y no contempla la revisión de causas contra periodistas judicializados
El SNTP demandó el cese de persecuciones judiciales y el fin de los bloqueos a medios de comunicación
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó este martes el proyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio, la Intolerancia y la Convivencia Pacífica, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN).
A través de un comunicado institucional, el gremio periodístico reiteró su exigencia de derogar de forma definitiva el instrumento legal promulgado en 2017, al advertir que las modificaciones planteadas mantienen la discrecionalidad punitiva y amenazan la libertad de expresión en el país.
Pese a que la propuesta legislativa contempla la eliminación de las penas de prisión de entre 10 y 20 años de cárcel, la representación sindical señaló que la sustitución de la privación de libertad por sanciones económicas desproporcionadas y medidas administrativas mantendrá un efecto inhibitorio sobre el ejercicio del periodismo y la ciudadanía.
El texto presentado en el Parlamento establece multas que van desde 500 hasta 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor cotizada por el Banco Central de Venezuela (BCV), además de la imposición de 200 a 600 horas de trabajo comunitario o asistencia a programas educativos obligatorios.
De acuerdo con la organización sindical, estas cuantías amenazan la sostenibilidad financiera de medios independientes y comunicadores, incentivando la autocensura.
«La eliminación de la cárcel no elimina el carácter intimidatorio de una legislación que permite imponer consecuencias económicas y administrativas desproporcionadas por expresiones cuya delimitación continúa siendo imprecisa», sostuvo la directiva del SNTP en su pronunciamiento público.
Asimismo, el SNTP manifestó su preocupación por las atribuciones conferidas al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz —despacho encabezado por Diosdado Cabello— para substanciar y decidir los procedimientos administrativos por la difusión de mensajes.
La gremial advirtió que conceder facultades sancionatorias a una instancia del Ejecutivo compromete las garantías de imparcialidad, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Por otra parte, la organización hizo hincapié en la falta de disposiciones de reparación para las personas que han sido investigadas, procesadas o condenadas a lo largo de los últimos nueve años bajo el amparo de esta normativa.
«La reforma deja sin respuesta a las víctimas de la persecución», enfatizó la organización al cuestionar que el texto legislativo no contemple la revisión de condenas, el levantamiento de medidas cautelares ni la anulación de antecedentes para los comunicadores procesados en el pasado.
Ambigüedad conceptual y balance de judicializaciones
El informe presentado por la representación gremial destaca que desde el año 2020 se ha documentado la aplicación del artículo 20 de la referida ley contra al menos 27 trabajadores de la prensa.
El sindicato subrayó que la reforma mantiene la indeterminación de conceptos clave como «discurso de odio», «hostigamiento» y «mensajes discriminatorios», lo que permite su utilización discrecional frente a investigaciones sobre corrupción o críticas a la gestión pública.
Igualmente, se advirtió la permanencia de disposiciones relativas al retiro inmediato de contenidos digitales sin la exigencia de una orden judicial previa, afectando la independencia editorial.
Debate parlamentario y solicitud de consulta ampliada
El proyecto fue aprobado en su primera discusión por la mayoría calificada del Parlamento, con el voto salvado de la bancada de oposición.
Tras la votación, la directiva del Poder Legislativo instruyó a la comisión especial a cargo de la norma a activar una consulta pública.
Por su parte, el SNTP instó al Estado a garantizar el retorno seguro de los periodistas en el exilio y solicitó la inclusión de sindicatos, organizaciones de derechos humanos y expertos independientes en el ciclo de deliberaciones parlamentarias.
Lcda. Jessica Urribarrí V. – Noti/Imágenes
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