Valentina Gil|abril Más de 60 organizaciones le exigieron a la nueva Fiscalía y Defensoría actuar con independencia, objetividad y velar por la garantía, sin discriminación, de los derechos humanos.
Diversos representantes de la sociedad civil emitieron un comunicado este lunes 13 de abril con una serie de peticiones para los nuevos titulares de la Fiscalía General y de la Defensoría del Pueblo.
A Larry Devoe, el nuevo Fiscal, solicitan cesar de inmediato los procesos de investigación y enjuiciamiento basados en motivos políticos, solicitando los respectivos sobreseimientos y promoviendo la liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas o por el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. También piden incluir a las personas excluidas de los beneficios previstos en la ley de amnistía.
De igual modo, instan a la Fiscalía a iniciar investigaciones penales efectivas, independientes y objetivas contra funcionarios señalados por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU; cooperar de manera activa y genuina con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en el marco de las investigaciones en curso sobre la situación de Venezuela; y preservar toda la evidencia relacionada con graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la persecución política.
A Eglée González Lobato, la recién designada Defensora del Pueblo, exigen demandar públicamente la liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas o por ejercer sus derechos civiles y políticos; solicitar a la Asamblea Nacional la derogación inmediata de leyes contrarias a los DDHH, como la Ley contra el Odio; establecer canales formales de coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y otros mecanismos internacionales pertinentes; visitar los distintos centros de detención y publicar informes periódicos, verificables y transparentes sobre sus hallazgos, recomendaciones y acciones de seguimiento.
Quienes suscriben el comunicado recordaron que las nuevas autoridades tienen la obligación jurídica, institucional y ética de actuar con independencia, objetividad y velar por la garantía, sin discriminación, de los DDHH. Además, señalaron que la recuperación de la confianza pública pasa por el ejercicio autónomo, imparcial y transparente de sus atribuciones.
«Estas designaciones no pueden limitarse a un simple relevo de nombres. Deben traducirse en una actuación institucional orientada a la reinstitucionalización democrática del país, al restablecimiento del Estado de derecho y a la rendición de cuentas frente a la ciudadanía.», subrayaron.
Irregularidades en la designación
Las organizaciones que suscriben el comunicado reiteraron que el proceso de designación de los nuevos titulares del Poder Ciudadano tuvo serias fallas en cuanto a transparencia, participación ciudadana e independencia institucional.
En el caso del Fiscal General, recordaron la trayectoria institucional de Davoe dentro de un aparato que, a su juicio, ha ejecutado la persecución y criminalización de la disidencia. Respecto a la Defensora del Pueblo, resaltaron la ausencia de una trayectoria reconocida en materia de derechos humanos de González Lobato, lo cual representa un «déficit que deberá ser compensado con apertura real hacia la sociedad civil especializada y con decisiones que demuestren independencia de criterio».
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