Los demandantes exigir como medida de reparación inmediata el acceso completo a copias del expediente judicial, su admisión y un pronunciamiento motivado sobre el fondo por parte del TSJ
Un grupo de organizaciones de trabajadores y de defensores de derechos humanos demandó al Estado venezolano por denegación de justicia en el caso de su solicitud de un «salario suficiente» introducida ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2023 y que hasta el momento no ha tenido respuesta.
En la Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los demandantes denunciaron la violación de sus derechos a acceder a la justicia y a un recurso judicial efectivo.
Señalaron que la Sala Constitucional del TSJ no ha emitido pronunciamiento alguno de admisión o inadmisión, no ha fijado audiencias y, de manera especialmente grave, ha impedido activamente a los peticionarios el acceso a copias del expediente judicial.
Qué piden ante la ONU
El grupo informó sobre cuatro peticiones ante el organismo internacional:
1) Declarar admisible la comunicación, reconociendo la imposibilidad material de obtener justicia en el ámbito interno debido a la conducta del Estado.
2) Constatar que el Estado venezolano violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al incurrir en una denegación de justicia continuada.
3) Exigir como medida de reparación inmediata el acceso completo a copias del expediente judicial, su admisión y un pronunciamiento motivado sobre el fondo por parte del TSJ.
4) Instar al Estado a realizar reformas para evitar que el silencio procesal se traduzca en desprotección absoluta para los ciudadanos.
La acción se sustenta en los artículos 2.3 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pidcp), un instrumento internacional vinculante para Venezuela desde 1978.
Los antecedentes
El 25 de julio de 2023, un grupo de trabajadores y organizaciones interpusieron una Acción de Amparo Constitucional sobre Derechos e Intereses Colectivos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a favor del derecho al salario suficiente, pero la institución ha guardado silencio.
El recurso buscaba protección frente a las omisiones del Ejecutivo nacional relativas al aumento del salario mínimo vital; así como frente a la política de bonificación del ingreso que impacta en el derecho a las prestaciones sociales, al bono vacacional y a las utilidades.
«Fuimos al TSJ a que nos protegiera frente a la violación del derecho al salario suficiente y resulta que ahí nos violaron nuestro derecho a la justicia. La respuesta ha sido una pared de silencio, opacidad y complicidad con el Ejecutivo», explicó Antonio González Plessmann, miembro de Surgentes.
La acción internacional está suscrita por Eduardo Sánchez (presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV), Adelmo Becerra (miembro del Observatorio para la Dignidad en el Trabajo), Marisol Guédez (militante del Núcleo de DDHH de la Corriente COMUNES) y Antonio González Plessmann (Co-Director del Colectivo de Derechos Humanos Surgentes).
El salario mínimo en Venezuela está congelado en 130 bolívares desde 2022. A partir de ese año, el Ejecutivo ha aplicado una política de bonificación para aumentar el «salario integral» sin ningún tipo de incidencias en los beneficios de los trabajadores.
Con información de nota de prensa – Noti/Imágenes
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