La organización Justicia, Encuentro y Perdón reveló que 27 personas detenidas por motivos políticos fallecieron bajo custodia del Estado venezolano en la última década. Este balance surge tras confirmarse el deceso de Víctor Hugo Quero Navas, un caso que la ONG califica como parte de un patrón de represión sostenida.
Los activistas sostienen que estas muertes ocurren en un entorno de opacidad administrativa y falta de garantías judiciales para los reclusos. El informe detalla que la falta de atención médica y los maltratos físicos son factores recurrentes en estos incidentes.
Según el organismo, el Estado tiene la responsabilidad total sobre la integridad física de quienes están privados de libertad. Por esta razón, cualquier fallecimiento en estas condiciones debe investigarse bajo estándares internacionales como posibles ejecuciones o negligencias atribuibles al sistema.
La situación de Quero Navas ilustra la gravedad de la crisis carcelaria actual. Su madre buscó información sobre su paradero durante más de un año sin obtener respuestas claras de las instituciones.
La ONG critica que la notificación del fallecimiento fue tardía y que el entierro se realizó sin la presencia de sus familiares. Ante estos hechos, la organización exige la aplicación del Protocolo de Minnesota para realizar investigaciones forenses independientes y transparentes.
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