El integrante de la delegación negociadora por la AN 2015, Juan Miguel Matheus, defendió que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es prioritaria frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) pues garantiza que los votos sean respetados
Para el diputado de la Asamblea Nacional 2015 Juan Miguel Matheus, la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es «el primer paso obligado» en la reconstrucción institucional de Venezuela, incluso por encima de la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). El integrante de la delegación negociadora ante el Ejecutivo nacional encabezado por Delcy Rodríguez explicó que el proceso arrancará con una nueva ronda de postulaciones a magistrados, la reforma del Comité de Postulaciones Judiciales y la creación de un Consejo de Verificación de Credenciales, un órgano independiente que revisará si los aspirantes cumplen los requisitos constitucionales para ejercer el cargo.
Matheus explicó por qué, a su juicio, la reforma del TSJ antecede en importancia a la renovación del CNE, pese a que la presidenta de la delegación, Dinora Figuera, había señalado hace una semana que la meta es lograr un nuevo ente comicial para diciembre. Recordó que ese mismo tribunal «aniquiló los resultados del 28 de julio» y «maniató» a la Asamblea Nacional electa en 2015, por lo que su transformación sería «el primer paso obligado» en la reconstrucción institucional.
El diputado indicó que el proceso comienza con una nueva ronda de postulaciones a magistrados y con la reforma del Comité de Postulaciones Judiciales, al que se busca sumar mayor participación de la sociedad civil. Sobre el listado previo de 561 aspirantes —que incluía nombres cuestionados como los de la exfiscal Katherine Harrington y la rectora del CNE Amanda García—, Matheus no precisó si será descartado o reincorporado; dijo únicamente que se abre «un nuevo procedimiento de postulaciones» en el que «quien quiera postularse puede repostularse».
El anuncio central, según el diputado, es la creación de un Consejo de Verificación de Credenciales y de Cumplimiento de Requisitos Constitucionales, un órgano independiente integrado por «personas honorables» encargado de revisar si los aspirantes a magistrados cumplen los requisitos que exige la Constitución. Matheus sostuvo que la conformación detallada de ese consejo, incluido el baremo de evaluación, queda en manos de las mesas técnicas que continúan trabajando.
Leyes represivas: sin compromisos concretos
Sobre la posible derogación de instrumentos como la ley contra el odio, la ley contra el terrorismo o la ley Simón Bolívar, Matheus evitó anticipar decisiones. Remitió lo tratado en la mesa a lo que efectivamente aparece en el comunicado del 12 de agosto: atención a las víctimas del terremoto, fortalecimiento institucional del TSJ y el tema de garantías políticas, que quedó pendiente de la agenda fijada desde el 1° de agosto.
El diputado explicó que el comunicado habla de una «transformación del sistema de justicia», concepto delineado en el artículo 253 de la Constitución, del cual el TSJ es solo uno de los componentes que podría ser objeto de reformas legales adicionales.
Matheus detalló que los recursos venezolanos protegidos desde 2015 por la Asamblea Nacional en Reino Unido —para mantenerlos fuera del alcance de Nicolás Maduro— podrán ahora destinarse a infraestructura y atención a víctimas del doble terremoto que golpeó al país, bajo mecanismos de control, trazabilidad y auditoría. No precisó qué mecanismo jurídico específico permitió destrabar el acceso a esos fondos, más allá de calificarlo como parte de «una mecánica procesal, jurídica (…) muy complicada».
Excarcelaciones: «alegran a Venezuela»
Consultado sobre el peso de la mesa en las liberaciones registradas durante la jornada, Matheus evitó confirmar si existió una negociación directa sobre ese punto. «No tengo información, creo que hay que ceñirse a lo que ha dicho nuestra presidenta y jefa de delegación Dinora Figuera y disfrutar de la alegría para el pueblo de Venezuela», respondió.
El diputado insistió en que las excarcelaciones «alegran a Venezuela», a los liberados y a sus familiares, y las enmarcó como parte del clima que se genera en todo proceso de negociación. Evitó pronunciarse sobre si se trata de un gesto de buena fe del Ejecutivo nacional, limitándose a repetir que corresponde «al clima propio de un ambiente de negociación».
El diputado confirmó que un nuevo ciclo de negociaciones está previsto para inicios de septiembre, mientras las mesas técnicas continúan trabajando en los detalles de lo acordado. Sobre la posible creación de mesas adicionales dedicadas a libertad de expresión y a mecanismos de verificación del cumplimiento de los acuerdos, Matheus confirmó que el tema de garantías —que puede incluir libertad de expresión y derechos humanos— sigue en agenda, y consideró «lógico» que exista algún mecanismo interno de seguimiento, sin dar detalles sobre su diseño.
«Ambiente de urbanidad cívica»
El negociador describió el clima de la mesa con la contraparte del Ejecutivo nacional como uno de «urbanidad cívica», y subrayó que es la primera vez, según dijo, que un proceso de negociación en Venezuela arroja resultados concretos tras su primer ciclo de trabajo. Atribuyó ese carácter distinto a la facilitación de Estados Unidos y en particular al respaldo del secretario de Estado, Marco Rubio.
Matheus, quien permaneció fuera de Venezuela antes de asumir su rol en la delegación, calificó su regreso al país como «muy emotivo» y dijo sentir «una emoción serena» por participar en un proceso que, a su juicio, tiene un peso histórico. Pidió paciencia a los ciudadanos que aún desconfían del diálogo y los invitó a «abrir los ojos» ante lo que llamó una nueva realidad política tras el 3 de enero.
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