Dr. Gustavo Duque Largo
Escribo estas líneas con la pesadumbre de quien ha visto a miles de compatriotas hacer filas interminables frente a consulados que ya no existen, o que existen a medias, para un trámite que nunca llega. Pero también con la convicción de que ninguna excusa técnica puede justificar lo que hoy ocurre en Venezuela: mientras el régimen permite que buena parte de la burocracia se resuelva por un clic, niega ese mismo clic para lo más sagrado que tiene un ciudadano: su voto.
La Constitución venezolana no distingue entre ciudadanos que están dentro o fuera del territorio. El artículo 63 consagra el sufragio como un derecho que se ejerce mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. El artículo 64 define como elector a todo venezolano mayor de dieciocho años que no esté sujeto a interdicción civil o inhabilitación política. Y el artículo 62 es aún más claro: todos los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en los asuntos públicos. No hay letra pequeña que diga “solo si resides en el país”. La diáspora no perdió su ciudadanía al cruzar una frontera.
Esta verdad constitucional no flota en el vacío. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948, establece en su artículo 21 que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 1966, en su artículo 25, obliga a los Estados a garantizar a todos los ciudadanos, sin restricciones indebidas, el derecho a votar en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, adoptada el 22 de noviembre de 1969, repite la misma fórmula en su artículo 23: votar y ser elegido en elecciones que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores.
Tres instrumentos. Tres fechas. Un mismo mandato: el voto no es un favor que se otorga según la geografía, es un derecho que se protege. Y cuando un régimen lo condiciona a la presencia física en un consulado que ha sido cerrado o reducido a la mínima expresión, no está administrando una dificultad logística: está escogiendo, deliberadamente, a quién le permite hablar y a quién le impone el silencio.
Lo que resulta moralmente insostenible es la selectividad. El régimen que hoy alega imposibilidad técnica para el voto electrónico en el exterior es el mismo que permite que los trámites del SAREN —desde partidas de nacimiento hasta poderes notariados y apostillas— se realicen en un 100% en línea, sin pisar una oficina, con el documento llegando al correo electrónico. Es el mismo régimen que tiene un portal del SENIAT donde cualquier contribuyente, dentro o fuera del país, puede declarar impuestos, consultar su RIF y gestionar su estado de cuenta sin moverse de casa. Lo he dicho en mis artículos de opinión y lo repito aquí con todas sus letras: si estos métodos se usan para otorgar poderes a través del SAREN, ¿por qué no podemos utilizarlos para votar? La pregunta no es retórica. Es la evidencia de una contradicción que desnuda la verdadera naturaleza de la negativa.
No se trata de que el Estado venezolano no pueda implementar un sistema de votación electrónica para la diáspora. Se trata de que no quiere. Porque un voto en el exilio es un voto que incomoda, un voto que no se puede controlar con el ventajismo de siempre, un voto que obligaría a reconocer que millones de venezolanos que se fueron siguen teniendo algo que decir sobre el país que dejaron atrás.
Permítanme cerrar con una ponencia que no es mía, sino de la lógica más elemental. Si el SAREN puede verificar la identidad de un venezolano en el exterior para emitirle una partida de nacimiento; si el SENIAT puede autenticarlo para que declare sus impuestos; si el SAIME puede gestionar pasaportes y prórrogas a distancia, entonces la infraestructura biométrica y la capacidad técnica ya existen. Lo que falta no es tecnología. Lo que falta es voluntad política. Y mientras esa voluntad siga ausente, el régimen seguirá escondiéndose detrás de un muro de excusas que la propia Constitución derriba con una sola frase: el sufragio es un derecho, no una concesión.
El exilio venezolano no pide un privilegio. Pide que se le permita ejercer lo que ya le corresponde por ley, por tratado y por dignidad. Negarlo con la mano derecha mientras se facilita otro trámite con la izquierda no es una incoherencia administrativa: es una decisión política que este defensor de los derechos humanos no puede dejar de condenar.
Dr. Gustavo Duque Largo
Abogado Internacionalista y Defensor de Derechos Humanos
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