Como este caso hay otros que cumpliendo la pena siendo inocentes, aún permanecen «secuestrados y privados de libertad en las cáceles venezolanas»
El sargento segundo de la GNB Wolfang González Carrasco, oriundo de Carora, alcanzará el término exacto de su pena de 7 años y 9 meses dictada por tribunales militares. Familiares y organizaciones de derechos humanos advierten sobre la omisión recurrente de otorgar boletas de excarcelación a los presos políticos castrenses en Venezuela.
Familias de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) vinculados a la sublevación militar del 21 de enero de 2019 en Cotiza, Caracas, denunciaron que varios de los procesados están por cumplir de manera íntegra las penas impuestas por la justicia militar, por lo que exigen la emisión inmediata de sus boletas de excarcelación para evitar la prolongación arbitraria de su privación de libertad.
Entre los casos destaca el del sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Wolfang González Carrasco, de 31 años de edad y natural de Carora, municipio Torres del estado Lara. González Carrasco fue condenado a 7 años y 9 meses de prisión en un juicio militar, pena que vence de forma rigurosa este 24 de octubre.
Idiam Carrasco, madre del efectivo militar recluido en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde (Cenapromil) en Los Teques, estado Miranda, instó a los tribunales de la causa y a los mandos de la jurisdicción castrense a acatar de manera expedita los lapsos procesales establecidos en la legislación penal venezolana.
”Nos acercamos a estos medios con la intención de que se haga saber que ya ellos van a cumplir su sentencia y quisiéramos que fueran liberados al momento exacto de cumplir su condena. No tenemos una respuesta satisfactoria del tribunal hasta el momento, pero exigimos que no se sigan violando sus derechos”, declaró Carrasco.
El caso del grupo de Cotiza expone un fenómeno recurrente documentado por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en el país: la omisión sistemática en la entrega de órdenes de salida para los denominados presos políticos, especialmente aquellos provenientes del sector militar.
Según balances de ONG como Foro Penal y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, decenas de efectivos castrenses que han cumplido la totalidad de sus penas o que son beneficiarios de medidas alternativas a la privación de libertad continúan bajo custodia en centros de reclusión militar como Ramo Verde y las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
A diferencia de los procesados civiles, cuyos casos suelen ser abordados en mesas de negociación e intercambios políticos con liberaciones puntuales, los uniformados afrontan trabas burocráticas y discrecionalidad judicial que postergan indefinidamente su puesta en libertad.
La privación de libertad prolongada también impone una carga crítica a las familias del interior del país. En el caso de González Carrasco, los traslados desde Carora hasta el estado Miranda representan una erogación económica insostenible para su núcleo familiar, mermado por los costos de pasajes interurbanos, alimentos y enseres de primera necesidad para la custodia del interno.
”A estas alturas, como familiares, solo pedimos que se cumpla la ley. No estamos solicitando un favor, sino el respeto al tiempo de condena fijado por los mismos tribunales. Mi hijo y sus compañeros ya pagaron cada día de la pena impuesta”, enfatizó la madre del funcionario.
Organizaciones de derechos humanos reiteraron el llamado al Poder Judicial y a la Defensa Pública Militar para que activen las revisiones de expedientes de manera oportuna y eviten que el cumplimiento de condenas se transforme en detenciones arbitrarias sobrevenidas.
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