La policía podrá solicitar autorización previa para entrar a domicilios de personas con medidas de expulsión firmes. Se eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de ingreso al país en casos específicos
El Senado chileno aprobó este martes 20 una ley que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros infractores de la ley y que permite a la policía, previa orden judicial, ingresar a domicilios donde se encuentren inmigrantes con órdenes de expulsión vigentes.
Con 37 votos a favor y una abstención, el Senado aprobó el informe final de una comisión mixta, órgano temporal del Legislativo integrado por senadores y diputados que introdujo modificaciones al proyecto, previamente aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados.
«Había una serie de dificultades (…) Por la unanimidad de sus integrantes (de la comisión mixta), acordó en su informe una serie de medidas que buscan agilizar las expulsiones administrativas, dar seguridad jurídica y de esa manera hacerlas más efectivas», comentó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
Uno de los principales cambios a la Ley de Migración y Extranjería contenido en la propuesta es facilitar la ubicación y detención de extranjeros con órdenes de expulsión vigentes, operación a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).
Según el proyecto, la PDI solicitará a un juez de garantía autorización para ingresar al domicilio donde se ubique la persona y detenerla, requerimiento que el magistrado deberá resolver en 24 horas.
«Tanto la Cámara de Diputados como el Senado, han dado su aprobación a un proyecto de ley que es muy, muy trascendente, para poder dar mayor efectividad al cumplimiento de las resoluciones que dispone la expulsión administrativa», agregó García Ruminot.
En la misma línea, la iniciativa eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de ingreso al país en casos específicos, además de mecanismos que permiten la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular que se enfrenten a determinados procesos penales, siempre que existe autorización del tribunal.
En el Congreso se encuentra actualmente en debate un proyecto de ley, impulsado por el ultraderechista Kast, para tipificar la migración irregular como delito. EFE
Venezolanos en Chile
El diario LaTercera.com publicó a principios de 2026 cifras del Censo de 2024 que ubican en 669.408 los migrantes de Venezuela en Chile y refería a análisis de expertos que esperaban un retorno paulatino del 40% de venezolanos a su tierra tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU el 3 de enero.
En abril, el presidente de Chile, José Antonio Kast, informó que 2.180 venezolanos en situación irregular habían salido del país.
Diversos reportes estiman que más de 75.000 órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.
Asimismo, en septiembre el gobierno de Kast dio a conocer un acuerdo entre las autoridades de Chile y Venezuela para permitir a los venezolanos residentes en Chile abordar vuelos de regreso con el pasaporte vencido, mediante la presentación de un salvoconducto digital tramitado ante la Cancillería venezolana.
Desde el lunes 19 de octubre se reiniciaron las actividades consulares de Chile en Venezuela en las ciudades de Caracas y Puerto Ordaz, beneficiando a una población de más de 25.000 chilenos que residen en Venezuela.
El quiebre entre Chile y Venezuela se produjo hace dos años, cuando el entonces presidente chileno, Gabriel Boric, (2022-2026) cuestionó la transparencia de los comicios venezolanos de ese año, que derivó en el retiro total del personal diplomático venezolano en Chile y la salida de funcionarios chilenos de Caracas, ordenado el Gobierno de Nicolás Maduro.
Con información de la agencia EFE/DW/La Tercera – Noti/Imágenes
Arsenio Martinez / pasante Noti/Imágenes