Delcy Rodríguez —quien se mantiene como encargada pese a que el lapso constitucional expiró a inicios de julio—, reconoció que la Ley Contra el Odio fue usada de forma abusiva contra la ciudadanía.
La aseveración la hizo en horas de la tarde de este 29 de septiembre, horas después de hacer pública su petición a la AN de reformar la norma a fin de avanzar en la despenalización de las acciones consideradas como “delitos” en la norma aprobada en 2017.
“Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley. Pero yo creo en los principios de esa ley, el principio de la tolerancia, el principio del amor en el relacionamiento, que no se imponga el odio, sino que podamos convivir, pero que respetemos al que es diverso. Forma parte de la dignidad humana de respetarnos, de querernos”, dijo la funcionaria.
Emplazó a los ciudadanos a “sustituir el odio por el amor, la intolerancia por la convivencia”. Pidió la colaboración de las comunas para la convivencia democrática y la paz. “Y es esta convivencia la que nos va a permitir desarrollarnos como una gran potencia”, agregó.
La solicitud de modificación fue enviada al Parlamento para su trámite con carácter de urgencia. En respuesta, la directiva del Legislativo procedió este mismo martes a conformar una comisión especial para el estudio del proyecto de ley, enmarcando el debate en el proceso de «transformación democrática» que promueve el Ejecutivo nacional.
La Ley Contra el Odio fue aprobada originalmente a solicitud de Nicolás Maduro tras las manifestaciones antigubernamentales registradas entre abril y agosto de 2017. El texto legal incluyó sanciones de hasta 20 años de prisión para la tipificación de «delitos de odio» y la clausura de medios de comunicación.
Desde su promulgación, la principal coalición opositora, gremios periodísticos y organizaciones no gubernamentales identificaron esta legislación como una pieza central del marco regulatorio represivo. De acuerdo con registros de la ONG Espacio Público, las autoridades utilizaron la norma de forma reiterada para procesar penalmente a ciudadanos por publicar opiniones críticas o denunciar irregularidades en redes sociales y medios de comunicación.
Defensores de derechos humanos han señalado de forma sostenida que la ambigüedad en la redacción del texto y su aplicación con carácter retrospectivo consolidaron una de las barreras institucionales más severas contra el libre ejercicio del periodismo independiente y la cobertura informativa en el país.
En desarrollo
Noti/Imágenes
Y no olvides seguirnos en Instagram como elpregon.news y en Facebook como El Pregón Venezolano @ElPregonVenezolano. Para contactos: +58 4125293730 – 0414 6385161 – 0416 2250260, y recuerda que el periodismo independiente requiere de tu apoyo económico: BDV 4155285 Telf. 04146385161.