La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 defiende la hoja de ruta de la transición, condiciona el calendario presidencial a la depuración del CNE y exige a Washington y a la mesa liberaciones de militares y presos emblemáticos
«Para poner fecha a las elecciones, debemos antes desmontar el aparato alrededor del proceso electoral». La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, sostiene que el país debe sanear sus instituciones, auditar el registro electoral y suprimir los mecanismos que impiden celebrar votaciones transparentes.
En entrevista con periodistas de El Nacional, la dirigente defiende la hoja de ruta para la transición democrática en Venezuela, fundamentada en la reinstitucionalización del Poder Judicial, el rescate de las garantías políticas y civiles y la convocatoria a elecciones libres.
Tras reunirse con el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, Figuera explicó que el respaldo diplomático de Washington refuerza el trabajo de la delegación opositora en la mesa de negociación. La administración estadounidense valoró los pasos encaminados a designar un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) independiente, excarcelar a los presos políticos, levantar los bloqueos digitales a medios de comunicación y derogar la legislación punitiva contra la libertad de expresión.
La parlamentaria estima que el nuevo tribunal colegiado estará conformado antes de fin de año: «En noviembre. Como máximo, en diciembre tendremos un nuevo Tribunal Supremo de Justicia».
Sin embargo, advierte que los acuerdos normativos deben traducirse en garantías tangibles. «Tenemos que brindar al pueblo unas elecciones justas, garantizadas y con credibilidad», asevera, tras recalcar que la fijación de la fecha no puede anteponerse a la auditoría técnica del sistema comicial.
Figuera subraya además las materias pendientes en derechos humanos e información. Aunque se desbloquearon portales digitales informativos, medios de comunicación como El Nacional, La Patilla y Armando.info continúan bajo censura telemática, a lo que se suma la permanencia en prisión de reporteros y trabajadores de la prensa.
Pese a los escollos, la representante parlamentaria defiende la vía negociada: «Esta mesa de diálogo es el único recurso institucional que tenemos después de 27 años de confrontación».
La conformación de un nuevo Poder Judicial
—¿Qué balance hace de las mesas de diálogo en este punto, a dos meses y medio del inicio de las conversaciones?
—En principio, nosotros tenemos una hoja de ruta en la que se plantea la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, las garantías políticas y civiles y la libertad de expresión. Hubo otro punto que se agregó como hecho público, notorio y humanitario, que es el tema del terremoto y la atención a las víctimas. Hay grandes esfuerzos iniciales desde el punto de vista de la posibilidad real para ir reinstitucionalizando. Lo primero ha sido el Tribunal Supremo de Justicia que, en un principio, inicialmente se nos había planteado abordar únicamente la Sala Electoral, pero con esfuerzo hemos incluido en el debate todo el TSJ.
—La reinstitucionalización del TSJ es uno de los asuntos más pedidos por la población venezolana dado que ha sido el brazo ejecutor y aval legal de la persecución política, ¿en qué medida está trabajando la mesa para un cambio real en el órgano judicial?
—Todo este proceso está aunado a nuestra gran necesidad de cambiar todo el proceso, incluidos los magistrados, y sentar las bases para que sea una institución fuerte y confiable. Nos estamos esforzando por designar 32 magistrados y 32 suplentes. Lograr que todo ese proceso se avale con la sociedad civil y que las personas que están en los comités de postulación y en el Consejo de Verificación tengan alta credibilidad desde el punto de vista de sus credenciales y de su honorabilidad.
—¿Cómo se está haciendo la elección de los candidatos a magistrados?
—Es un proceso que no ha sido fácil, pero ha cumplido sus etapas. Hemos buscado personas honorables, que tengan las credenciales, especialmente con el trabajo con los decanatos, las universidades y distintas personalidades para sensibilizarlos sobre las candidaturas, que tuvieran confianza en el proceso. Estamos en pleno desarrollo de esa etapa, que está liderada por Juan Miguel Matheus, diputado y delegado de la Asamblea Nacional 2015, que es el constitucionalista del grupo de los seis que estamos en la mesa. El Comité de Postulaciones recibió candidaturas hasta el 9 de octubre, y son ellos, junto con el Consejo de Verificación de Credenciales, quienes impulsan este proceso. El comité está integrado mayoritariamente por representantes de la sociedad civil, además de un grupo de diputados, es decir, parlamentarios, que nos han ayudado en el proceso más difícil que es ganar la credibilidad sobre las candidaturas. Este proceso fue criticado inicialmente porque, el artículo 65 del la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que el Comité de Postulaciones Judiciales debe estar integrado por toda la sociedad civil y así estaba instaurado, el problema es que confluyen el elemento político y el elemento legal que hace que las personas deban conocer y ganar confianza de poder participar con garantías. La esperanza debe estar acompañada de resultados que los venezolanos puedan comprobar. La participación de la sociedad civil en ese proceso es muy importante, porque necesitamos recuperar la confianza de los venezolanos en la justicia. También tenemos que trabajar en las condiciones de participación de los partidos políticos y en el respeto a los derechos ciudadanos.
—¿Cuándo comenzarán los venezolanos a ver el resultado de las conversaciones en el Tribunal Supremo de Justicia que abran el camino a unas posibles elecciones de las que tanto se ha hablado?
—En noviembre. Como máximo, en diciembre tendremos un nuevo Tribunal Supremo de Justicia.
Auditoría del registro electoral y condiciones partidistas
—¿Qué avances se han logrado en las conversaciones para renovar el Consejo Nacional Electoral?
—Respecto al Consejo Nacional Electoral, nosotros tenemos, según la hoja de ruta, un entregable. Se me ha tergiversado diciendo que yo dije que para diciembre lo tendría listo, pero me refería al entregable. Este no es un proceso rápido y tienen que pasar muchas cosas antes. Lo que sí podemos decir es que actualmente tenemos asesoría con respecto al sistema del CNE y el registro electoral, donde hemos observado irregularidades. Por lo que lo primero que debemos hacer es una depuración del registro electoral, del sistema, y establecer el tema de las magistraturas. Otro de nuestros objetivos es que los partidos recuperen sus tarjetas electorales y puedan participar con garantías. Todas esas bases las está liderando el diputado Ramón López que es ingeniero y que está haciendo todo para elaborar un entregable que signifique establecer las bases para una gran convocatoria.
—La renovación de las instituciones también debería traducirse en garantías para los ciudadanos, incluidos los perseguidos por motivos políticos. Sin embargo, está estancada la liberación de presos políticos y no se han levantado las inhabilitaciones. ¿Cómo valora esta situación?
—Como he dicho y también ha explicado Marco Rubio, nosotros tenemos que liderar un proceso en el que estén garantizadas varias condiciones de cara a la fecha electoral. Esto es básico, escuchar a todos los sectores para establecer las garantías civiles que permitan una participación ciudadana justa y segura en este proceso.
—¿Qué pasará con los perseguidos políticos e inhabilitaciones?
—Este es un tema muy duro pero, a mi juicio, muy hermoso desde el punto de vista político en pro de un cambio. Pero es un hueso duro de roer, porque se trata de las garantías de los partidos políticos, de los inhabilitados y de la institucionalidad. Y la Mesa de Garantías Políticas ha sido la mesa más difícil que hemos tenido.
—¿Diría que es quizás la mesa en la que al gobierno interino le ha resultado más difícil ceder?
—Sí, estamos en ese proceso. Ha sido sin duda una de las más difíciles porque en esta mesa queremos lograr reformas como la derogación de la Ley contra el Odio, y normativas de carácter homofóbico, así como poner fin a la discrecionalidad que han tenido las autoridades o jueces para tomar decisiones punitivas o restrictivas por su propia cuenta. Pero ellos piden cosas que a veces nosotros no podemos hacer, nosotros no levantamos sanciones.
Medios bloqueados y exigencia de liberaciones emblemáticas
—¿Qué avances han conseguido para lograr la liberación de los periodistas detenidos por informar y restituir el acceso a los medios de comunicación que permanecen bloqueados en Venezuela?
—En cuanto a esto, tuvimos la necesidad de abordar un hecho público y notorio: que no había garantías de libertad de expresión en el país. Por lo que hemos finalmente sentado a la mesa al sindicato de periodistas, al Colegio Nacional de Periodistas y a representantes autónomos, como Carlos Correa, que fue preso político por el tema comunicacional. Con ellos hemos trabajado sobre algunos objetivos que se han ido alcanzando poco a poco, como levantar los bloqueos que tenían algunas redes informativas y generar libertades para varios presos que tienen una causa por informar. Por supuesto, aún quedan casos, pero ha sido una de las mesas más participativas.
—¿Cuándo está prevista la liberación de los presos políticos que aún permanecen detenidos?
—Estamos ejerciendo una gran presión. Le dije al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que en esta ocasión tenía que haber liberaciones emblemáticas. La libertad de los presos políticos no puede seguir siendo una promesa aplazada, debe convertirse en una decisión concreta. Cada preso político que recupera su libertad es un paso hacia la justicia y la dignidad humana. Nosotros trabajamos en la elaboración de esas listas junto con los grupos de familiares y abogados. Nos reunimos con todos los grupos, no con uno solo, porque incluso entre ellos existen diferencias de criterio. También nos reunimos con Foro Penal, aunque hay discrepancias en cuanto al número de presos políticos y a los criterios para determinar quiénes deben ser considerados como tales. Evaluamos los casos junto con estos grupos. Creo, por ejemplo, que el del teniente coronel Igbert José Marín Chaparro sería una liberación emblemática. No sé si finalmente le concederán la libertad, pero estoy ejerciendo toda la presión posible. La liberación de los presos políticos debe ser una prioridad para avanzar hacia la convivencia democrática y la recuperación de la confianza en las instituciones.
—Ya que nombra al teniente coronel Chaparro, quisiera preguntarte por el futuro de las Fuerzas Armadas. Tras dos décadas de cambios institucionales, politización y persecución de militares por sus posiciones políticas, ¿han contemplado abordar la reforma de las Fuerzas Armadas en las mesas de diálogo o consideran que será una tarea para un próximo gobierno?
—Este proceso llegará. Por ejemplo, ya hemos trabajado el tema del Tribunal Supremo de Justicia y se ha debatido sobre ello. Creo que el camino pasa también por abordar la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el ámbito militar. Sin embargo, considero que estas cuestiones se tratarán el próximo año. En cuanto a la discusión legislativa, nosotros hemos entregado varias propuestas de ley en este sentido y, a decir verdad, allanamos nosotros el camino o lo allana un nuevo gobierno.
Reconciliación nacional y horizonte electoral
—Usted ha apelado al concepto de reconciliación nacional. ¿Cree viable alcanzarla?
—Sí, lo he estado pensando mucho. Tanto para nosotros como para Estados Unidos, este balance ha sido positivo, y es una gran responsabilidad, con lo que, aunque suene difícil de oír, hay ahora un proceso de reconciliación del país. Un proceso en el que haya justicia, reencuentro y reconocimiento del otro. Yo me atreví a utilizar la palabra “reconciliación”. No soy optimista desde el punto de vista de la irrealidad; soy optimista por el camino que vamos y por la cantidad de personas que están apostando por esto, porque esta Mesa de Diálogo es lo único que tenemos en este momento, el único recurso que tenemos después de 27 años. Debemos dejar atrás la confrontación y abrir espacios para el reencuentro nacional. Seguiremos trabajando con determinación, porque nuestra meta es la democracia, la libertad y la construcción de un futuro en el que todos los venezolanos podamos convivir, incluso cuando pensemos diferente.
—Finalmente, ¿cree que las elecciones serán el año que viene?
—Yo soy optimista con que la concreción de un proceso electoral se va a hacer cuando haya garantías para los venezolanos. Tendremos elecciones en un proceso en el que nunca deberá haber fraude electoral. Eso es lo que me lleva a decir que este proceso puede tardar, quizás, pero yo apuesto más bien a que se cumplan las garantías, a la credibilidad del voto, aunque hasta me da miedo decírtelo, más que a la propia fecha en sí misma. Yo sé que el pueblo está demandando unas elecciones, pero nosotros tenemos que brindarle al pueblo unas elecciones justas, garantizadas y con credibilidad. Y para ello debemos desmontar el aparato alrededor del proceso electoral en el que, hasta el momento, ni siquiera hemos tenido un resultado del 28 de julio producido por el Consejo Nacional Electoral. Esperemos que sea por lo menos a finales del próximo año o a comienzos de 2027.
Noti/Imágenes, Lcda. Amarilis Romero CNP 12267
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