Dr. Gustavo Duque Largo.
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció ayer que Estados Unidos la ha dejado fuera de las negociaciones que se celebran esta semana en Caracas entre el gobierno de la ILEGITIMA encargada, Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición. La noticia, publicada en una entrevista concedida a The New York Times, ha generado una profunda conmoción en el ámbito político y plantea interrogantes fundamentales sobre la coherencia de la política exterior estadounidense, el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos en Venezuela. A mi juicio, estamos ante un momento decisivo que exige un análisis sereno y riguroso.
Lo primero que llama la atención es la respuesta del Departamento de Estado. Su portavoz, Tommy Pigott, afirmó que Washington había invitado al partido de Machado, Vente Venezuela, a participar, y añadió que «María Corina tiene todo el derecho a entrar a su país cuando quiera». Esta declaración, en apariencia conciliadora, contrasta con la realidad que la propia Machado ha denunciado: siete intentos fallidos de regresar a Venezuela, incluidos dos tras los terremotos del pasado junio, con sus viajes bloqueados. Existe, por tanto, una contradicción flagrante entre el discurso oficial de Washington y la experiencia concreta de la líder opositora. Desde la perspectiva del derecho internacional, el derecho de retorno de una persona a su propio país está consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si ese derecho se ve obstaculizado de facto, la comunidad internacional tiene la obligación de exigir explicaciones y garantías.
La exclusión de Machado de la mesa de negociación no es un asunto menor. Se trata de la líder de la oposición venezolana, reconocida internacionalmente como víctima de represión política por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, y galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, por su incansable defensa de los valores democráticos. Dejarla al margen de un proceso que pretende diseñar el futuro institucional de Venezuela constituye, cuando menos, una anomalía democrática. El derecho internacional de los derechos humanos establece que la participación política es un derecho fundamental, no un privilegio otorgado por conveniencia estratégica. Excluir a quien representa a una parte significativa de la ciudadanía venezolana socava la legitimidad de cualquier acuerdo que se alcance.
Washington ha justificado su respaldo a las conversaciones destacando «avances concretos» como las reformas para lograr un Tribunal Supremo independiente y la modificación de leyes represivas utilizadas contra el discurso político. Son pasos positivos, sin duda. Pero cabe preguntarse si esos avances serán sostenibles sin la participación de la principal fuerza opositora. La historia reciente de Venezuela enseña que los acuerdos que excluyen a actores clave tienden a fracasar, porque no generan arraigo social ni confianza ciudadana. La estabilidad democrática no se construye con exclusiones, sino con inclusión genuina y con el respeto escrupuloso de los estándares internacionales.
La política internacional, además, opera con una lógica que a veces sacrifica principios en aras de intereses inmediatos. Estados Unidos parece haber priorizado un proceso de «estabilización» que, en la práctica, favorece la continuidad de la ilegítima encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero. Machado ha sido tajante al respecto: «Creo que todo esto se ha podido hacer sin ella, puesto que es parte de esa estructura criminal». Es una acusación grave que merece ser tomada en serio, sobre todo porque el gobierno de Rodríguez afronta acusaciones de violaciones de derechos humanos documentadas por organismos internacionales.
En este contexto, la propuesta de Machado de crear una comisión de la verdad independiente para recoger testimonios de las víctimas y conceder reparaciones adquiere una relevancia singular. La justicia transicional, como disciplina del derecho internacional, exige precisamente eso: mecanismos que permitan a las sociedades saldar cuentas con un pasado de atrocidades sin sacrificar la verdad ni la reparación. Y hay crímenes que, conforme al Estatuto de Roma y al derecho internacional consuetudinario, no admiten amnistía. La persecución por motivos políticos es un crimen de lesa humanidad, y la impunidad de quienes lo cometen perpetúa el ciclo de violencia.
Hay un aspecto que no podemos pasar por alto: el papel del empresario Alejandro Betancourt, beneficiario de contratos energéticos vinculados a la Administración Trump para controlar aproximadamente una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas. Machado lo calificó como «uno de los principales responsables del sufrimiento que padece nuestra gente» y dejó claro que no sería un socio viable en un eventual gobierno suyo. Es una postura valiente que revela la tensión entre los intereses económicos de Washington y las aspiraciones democráticas de la oposición venezolana. La política internacional, cuando se reduce a transacciones comerciales, corre el riesgo de olvidar que detrás de cada barril de petróleo hay familias sin electricidad, hospitales sin medicinas y ciudadanos que anhelan libertad.
Pese a sus críticas, Machado ha mantenido una postura constructiva: respetará los contratos petroleros firmados si cumplen con la legislación venezolana y ha asegurado que sigue convencida de que Washington busca una transición democrática. Esta disposición al diálogo, incluso en medio de la exclusión, demuestra una madurez política que contrasta con la lógica de la confrontación estéril. Pero sería un error interpretar esa moderación como debilidad. Machado ha advertido que en la Constitución venezolana existen delitos que no son objeto de amnistía ni de perdón, y que el pueblo exige justicia. Es una advertencia que debería resonar en todas las cancillerías del mundo.
El silencio de la comunidad internacional ante esta exclusión resulta preocupante. La Organización de Estados Americanos, a través de su Carta Democrática Interamericana, establece que la participación de todos los actores políticos es indispensable para la consolidación de la democracia. Y la Unión Europea, que ha sido un actor relevante en la crisis venezolana, tiene la responsabilidad de alzar la voz cuando se margina a quien representa una opción democrática legítima. No se trata de tomar partido por una persona, sino de defender un principio: que ningún proceso de transición puede ser legítimo si excluye a las voces que el pueblo ha reconocido como propias.
La situación de Machado también nos obliga a reflexionar sobre el papel del Premio Nobel de la Paz como herramienta de presión internacional. El comité noruego reconoció su «trabajo incansable en la promoción de los valores democráticos» en un contexto de represión sistemática. Ese reconocimiento no es un simple adorno honorífico; es un mandato moral que la comunidad internacional debería honrar. Ignorar a una laureada con la Paz mientras se negocia el futuro de su país es, cuando menos, una incoherencia que debilita la credibilidad de quienes dicen defender los derechos humanos.
En definitiva, las declaraciones de María Corina Machado, ponen de manifiesto una tensión profunda entre la realpolitik y los principios del derecho internacional. La exclusión de la principal líder opositora de una mesa de negociación que pretende reconfigurar el Estado venezolano no solo vulnera su derecho a la participación política, sino que compromete la sostenibilidad de cualquier acuerdo futuro. La paz verdadera no se impone desde arriba ni se negocia a espaldas de quienes han sufrido la represión. Se construye con inclusión, con justicia y con el respeto irrestricto de la dignidad humana. Es hora de que Washington y la comunidad internacional recapaciten. Venezuela no necesita tutores que decidan por ella; necesita que se le devuelva la voz. Y esa voz, hoy más que nunca, tiene nombre: María Corina Machado.
Dr. Gustavo Duque Largo
Abogado Internacionalista y Defensor de los Derechos Humanos
Abog. Internacionalista y Defensor de DDHH.