El gobierno de Joe Biden exige a la cabeza del régimen de Venezuela un “proceso expedito y transparente” para autorizar la candidatura de María Corina Machado.
Que el régimen de Nicolás Maduro hubiera convocado a un referendo para que los venezolanos se manifestaran sobre el Esequibo (una rica zona que está bajo la administración de Guyana) inmediatamente después de las elecciones primarias de la oposición en las que la opositora María Corina Machado arrasó no resulta ser una simple coincidencia. Ante la amenaza clara que representan para el régimen ahora Machado y la nueva actitud de los venezolanos, la maniobra que procedía era despertar un viejo diferendo internacional y exacerbar el nacionalismo.
Por otra parte algunos sectores con mucha credibilidad dentro de la Plataforma Unitaria Democrátiva Señalan a Maduro de usar un referendo para distraer decisivas elecciones de la oposición 2024.
Aunque el mundo tiene los ojos puestos en los conflictos bélicos derivados de la invasión de Rusia a Ucrania y el ataque de Hamás a Israel, otra tensión internacional provocada por Maduro al desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el diferendo que sostienen Venezuela y Guyana por la región del Esequibo relegaría a un segundo plano el triunfo y consolidación de Machado como la candidata que enfrentará a la cabeza del régimen en las elecciones presidenciales de 2024.
Por eso, Nicolás Maduro ha tratado de concentrar la atención no solo de los venezolanos, sino de la comunidad internacional, en su reclamo por el Esequibo. Analistas e internacionalistas concuerdan en que se trata de una actitud tardía y oportunista, pues el régimen chavista no hizo nada en los 20 años que lleva en el poder por esa región de 160.000 km2 rica en recursos como el petróleo. Pero no todos lo países se dejan distraer con el pase de magia.
Estados Unidos, por ejemplo, advirtió este martes a Maduro que reimpondrá las sanciones que le tiene suspendidas si incumple “las expectativas”, y exigió un proceso “expedito” que autorice la candidatura electoral de Machado. En una charla en el grupo de reflexión estadounidense Atlantic Council, el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, alternó el palo con la zanahoria.
El gobierno del presidente Joe Biden quiere “una relación más constructiva entre nuestros países, pero tenemos que ver avances hacia elecciones democráticas, libertad y respeto de los valores fundamentales”, afirmó Nichols, que reconoce que será un “proceso largo” y con “altibajos”. Washington estima que el acuerdo de octubre entre Maduro y la oposición sobre las elecciones presidenciales de 2024 “abre la puerta a una posible normalización” de las relaciones “basada en la confianza y el respeto mutuo”, pero solo si el régimen cumple con sus compromisos.
En compensación por este acuerdo, Washington levantó parcialmente las sanciones al petróleo, oro y gas venezolano, supeditándolo a dos condiciones o “expectativas”. Caracas debía establecer un proceso para levantar las inhabilitaciones políticas de los opositores venezolanos y comenzar a liberar a los presos políticos y a los estadounidenses. Desafiante, el régimen de Maduro esperó casi a que expirara el ultimátum (finales de noviembre) para anunciar que la Corte Suprema revisará las inhabilitaciones.
“Si bien estos pasos adicionales en este largo proceso son prometedores, Nicolás Maduro y sus representantes aún tienen que cumplir plenamente las expectativas” y “estos pasos no se han dado”, presionó Nichols. “Es crucial tener un proceso expedito y transparente para autorizar” la candidatura de Machado, que ganó las primarias de la oposición, y se “necesita llegar a una decisión rápidamente”, insistió.
Así las cosas, si no se logran “avances adecuados” Estados Unidos amenaza con reimponer las sanciones levantadas. Por el momento, sigue “participando en conversaciones” con “los representantes de Maduro” y la oposición y considera que la flexibilización está dando fruto.
Con todo, Maduro sigue en su apuesta y además de organizar un referendo que dejó serias dudas -muchas dudas sobre el nivel de participación, presentar un nuevo mapa de Venezuela que incluye territorio en disputa con Guyana y crear una unidad militar que será destacada en el Esequibo, ahora ordenó a la estatal petrolera PDVSA conceder licencias para la explotación de recursos en la región en disputa.
Que se proceda “a crear la división PDVSA-Esequibo”, y que de “inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la operación y explotación de petróleo, gas y minas en toda el área”, dijo.
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