El organismo dio un plazo de 90 días para que Managua realice cambios políticos, lo que ha sido señalado como una nueva injerencia en sus asuntos internos
La diplomacia estadounidense reiteró su conocida fórmula de mantener «todas las opciones sobre la mesa», esta vez dirigida contra el gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta postura reedita un libreto histórico de injerencia en los asuntos internos de la región latinoamericana, donde Washington acumula décadas de intervenciones, presiones y acciones orientadas a desestabilizar o derrocar administraciones que desafiaban sus intereses geopolíticos.
Desde los episodios de la Guerra Fría hasta los bloqueos y maniobras más recientes, la soberanía de los pueblos del continente ha chocado persistentemente con la pretensión hegemónica del norte. En este engranaje de presión política, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha funcionado históricamente como un instrumento institucional al servicio de dichos designios.
Lejos de cumplir con su rol de organismo de concertación multilateral y respeto a la autodeterminación, la OEA ha validado intervenciones y sanciones bajo el ropaje de la legalidad interamericana. La reciente resolución aprobada en su seno, que exige cambios políticos internos y marca un plazo de noventa días para evaluar la situación nicaragüense, evidencia cómo los espacios regionales replican las agendas de Washington.
El pulso diplomático y el trasfondo de la resolución
Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión extraordinaria de cancilleres, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, ratificó la postura de su país al señalar que la administración sandinista carece de voluntad negociadora.
Como muestra de ello, el funcionario estadounidense aludió al rechazo oficial a la nominación de la diplomática Natasha Franceschi como embajadora, un gesto que desde Managua interpretan como una defensa de la soberanía frente a la injerencia extranjera, mientras que Washington lo califica como un cierre a los canales de diálogo profesional.
El texto aprobado por unanimidad en el organismo continental plantea exigencias que van desde la celebración de elecciones y la separación de poderes hasta la restitución de derechos a personas despojadas de su nacionalidad.
Sin embargo, el documento prescinde por el momento de sanciones económicas directas, reflejando quizás las reticencias o la falta de consenso absoluto entre los Estados miembros. De los treinta y cuatro países que integran la OEA, apenas siete enviaron a sus ministros de Exteriores, mientras que el resto optó por delegados de menor rango, lo que denota cierta prudencia diplomática frente a la ofensiva impulsada por el bloque promotor de la medida.
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