Frente a un mensaje verde emitido desde la COP31 por Rodríguez, Venezuela camina al contrario de la descarbonización. La presencia de la delegación oficial en las mesas de negociación contrasta con la ausencia de las oenegés ambientalistas y las alertas sobre el impacto ecológico del crudo venezolano. Este reportaje se produjo como parte de la COP31 Climate Change Media Partnership, una beca de periodismo organizada por Earth Journalism Network de Internews, Informed Earth y el Stanley Center for Peace and Security.
Delcy Rodríguez llegó este miércoles 11 de noviembre a Antalya, Turquía, para incorporarse a las discusiones de alto nivel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31).
En declaraciones a la televisora estatal VTV, la encargada del Ejecutivo venezolano, acompañada de una comitiva integrada por Paola Henao, ministra de Hidrocarburos, y Oliver Blanco, ministro de Relaciones Exteriores, insistió en trazar «una agenda concreta para poder tener un porvenir y superar los desafíos que nos presenta hoy la emergencia climática».
Sin embargo, su discurso tropieza con la política energética real del país. Mientras otras naciones de Latinoamérica han llevado propuestas concretas a las mesas de negociación, la delegación venezolana aterrizó en Turquía sin compromisos de descarbonización ni nuevas metas públicas de reducción de emisiones.
El contraste más evidente lo marca Brasil, que a pesar de ser el noveno productor mundial de petróleo con una producción diaria de cuatro millones de barriles, presentó este martes una hoja de ruta formal para abandonar progresivamente los combustibles fósiles. El proyecto de la representación brasileña, aunque tampoco fija plazos ni fechas específicas, no se limita a metas ambientales abstractas, sino que plantea herramientas económicas, incentivos fiscales y políticas adaptadas a distintas realidades nacionales para sustituir ingresos, generar nuevos empleos y financiar fuentes de energía alternativas, asumiendo con responsabilidad el impacto social y laboral de la transición.
Venezuela, en cambio, aunque también es un petroestado, camina hacia una dirección contraria a la descarbonización. A mediados de este año, Rodríguez selló un acuerdo petrolero con Estados Unidos que compromete 65.000 millones de barriles de crudo, equivalentes al 20% de las reservas probadas del país. Organizaciones como Global Witness han advertido que el impacto ambiental del aumento de la producción petrolera venezolana representará la emisión de hasta 729 millones de toneladas de CO2 al año a la atmósfera, una cifra comparable al efecto devastador de detonar una «bomba de metano» cada año.
Negociaciones tras bastidores e integración regional
Pese a la falta de un plan público de mitigación, la maquinaria diplomática venezolana se mueve en los salones de Antalya. La directora ejecutiva de Integración del ministerio de Ambiente, Alinexis Barrios, confirmó a TalCual que representantes de la delegación venezolana ya participan activamente en las mesas de negociación, incluyendo comisiones lideradas por el viceministerio de hidrocarburos y de servicios públicos.
En ese mismo escenario, voces de la región cuestionan la falta de una visión transformadora a largo plazo. Desde la COP31, la exministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, remarcó que la transición no puede reducirse a pactos petroleros entre cúpulas o a soluciones inmediatas al calor del levantamiento de sanciones por parte de la Casa Blanca.
«El peor error que ha cometido Venezuela es depender de la explotación y la exportación de petróleo (…) hoy por hoy les deja también sometidos a un poder extranjero por el valor que tienen los recursos del subsuelo. Pero por algún lugar hay que comenzar. Nadie dijo que superar el extractivismo sea fácil (…) hay que comenzar a tener industria nacional y diversificar la energía. Energía no es solo petróleo; es también la fuente solar y eólica que compartimos en el Caribe y la Guajira», advirtió Vélez en entrevista con este medio.
La exministra señaló que existen vías operativas inmediatas, como el mantenimiento a las redes eléctricas transfronterizas o la reactivación del gasoducto con el norte de Venezuela, pero insistió en que ambos países deben aspirar a construir una verdadera mancomunidad energética binacional orientada a convertir el Caribe colombiano-venezolano en un «hub de energías limpias» que beneficie a las comunidades de base.
Opacidad institucional y exclusión en las cumbres
Esta misma dinámica donde las decisiones estratégicas se toman sin consulta amplia es lo que motivó el rechazo de la sociedad civil venezolana. La oenegé Clima 21 denunció que la administración de Rodríguez se ha limitado a difundir «anuncios generales y declaraciones ambiguas» sin fijar prioridades «que permitan conocer qué defenderá Venezuela en estas negociaciones y cómo piensa responder a sus enormes desafíos climáticos».
Y a esta opacidad gubernamental se le suma el hecho de que hasta el momento no se ha confirmado la presencia de ninguna organización ambientalista venezolana en las sesiones de la COP31, una ausencia que «limita la posibilidad de llevar las voces, demandas y propuestas de las comunidades que ya sufren los efectos de la crisis ambiental y climática».
«¡Esta situación no puede seguir siendo aceptada como normal! El pueblo de Venezuela necesita dejar de estar al margen de las decisiones que comprometen su futuro. Necesitamos información pública», demandó la organización.
Con la sociedad civil al margen y sin un plan ambiental presentado públicamente, los micrófonos quedan abiertos únicamente para las voces del oficialismo. Se espera que este jueves 12 de noviembre Delcy Rodríguez tome la palabra durante la sesión plenaria correspondiente al segundo día del segmento de alto nivel para jefes de Estado y de Gobierno. Allí se verá si la encargada del Ejecutivo profundizará el discurso de su llegada o si responderá a las exigencias de descarbonización y transición energética que pesan sobre el Estado venezolano.
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