El esfuerzo oficial apenas toca la capa inicial del problema. Estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calculan que el doble sismo dejó una montaña de aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros en La Guaira. Ante este volumen, expertos ambientales ya advirtieron que lanzar estos residuos al mar sin tratamiento es básicamente una bomba de tiempo y un ecocidio de grandes proporciones.

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Tras varias denuncias sobre el vertido de escombros en el mar durante las labores de limpieza por los daños causados por el doble terremoto del pasado 24 de junio en La Guaira, el ministerio de Ecosocialismo finalmente emitió un pronunciamiento señalando que depositar residuos en las costas constituye un delito ambiental sancionado por la legislación venezolana.

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En un comunicado publicado este lunes 13, el organismo aseguró mantener una política de «tolerancia cero» frente a los vertidos ilícitos y enfatizó que los cuerpos de agua «no son depósitos de residuos». Advirtió además que quienes arrojen desechos sólidos, líquidos o cualquier sustancia contaminante en espacios naturales pueden enfrentar multas, procesos penales y la obligación de restaurar las áreas afectadas.

La cartera de Ecosocialismo, que es en teoría el ente rector de la gestión ambiental en el país, agregó que «la protección del ambiente es una tarea de todos y todas, y desde el Gobierno Nacional reafirmamos nuestro compromiso con la gestión ambiental responsable y la acción conjunta para garantizar un futuro sostenible para las presentes y futuras generaciones».

El mensaje del ministerio se produce en medio de cuestionamientos sobre el manejo de los miles de toneladas de escombros generados tras el desastre natural que afectó a la entidad costera. Aunque el despacho no hace referencia directa a las denuncias difundidas en redes sociales ni aclara si se abrió alguna investigación, insiste en que la disposición de residuos debe realizarse únicamente en vertederos y espacios autorizados, que, por cierto, tampoco fueron especificados. No se sabe cuáles son, dónde están, si operan en horario restringido, si se deben desechar en uno u otro según el tipo de escombro que sea, etc.

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De acuerdo con cifras oficiales, 697 servidores públicos y ambientalistas han recolectado 6.712 toneladas de desechos sólidos y escombros desde que comenzaron las labores de atención de la emergencia. Las autoridades aseguran que actualmente se retiran más de 400 toneladas diarias, una cantidad que atribuyen al volumen de material generado por el colapso de estructuras y las operaciones de rescate tras el terremoto.

Pero el esfuerzo oficial apenas toca la capa inicial del problema. Estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculan que el doble sismo dejó una montaña de aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros en La Guaira.

Ante este volumen, expertos ambientales ya advirtieron que lanzar estos residuos al mar sin tratamiento es básicamente una bomba de tiempo. El exceso de sedimentos podría bloquear la luz solar afectando a algas y pastos marinos, mientras que la degradación de materiales generaría microplásticos que contaminarán directamente a las especies de la zona.

TalCual ya había constatado que en las playas de Tanaguarenas funcionarios de la Guardia Nacional custodian los terrenos aledaños donde son descargados los escombros. De acuerdo con la información recabada en el lugar, los efectivos aseguran que la vigilancia busca impedir que los residuos sean arrojados directamente en la arena o en el mar. También mantienen restringido el acceso de personas que intentan ingresar para recuperar objetos de valor o materiales como aluminio y cobre entre los desechos.

Hasta el momento, el Ministerio para el Ecosocialismo tampoco ha precisado si inspeccionó los sitios señalados en las denuncias ni ha informado sobre eventuales procedimientos administrativos, pese a que su comunicado advierte que los vertidos ilícitos conllevan responsabilidades ambientales y judiciales.

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