Casos diversos de privados de libertad extranjeros sin visitas consulares como derecho
Los presos políticos, aseveró Andreina Baduel, continúan enfrentando condiciones «inhumanas» de reclusión, falta de atención médica oportuna o especializada, además del retardo procesal que ni la Ley de Amnistía o las excarcelaciones, en algunos casos, pudieron subsanar
Familiares de presos políticos exigieron este viernes al Ministerio de Relaciones Exteriores que se permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos internacionales para verificar la situación el país, además de visitas consulares y de organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a las cárceles.
Decenas de familiares y activistas se concentraron en las cercanías del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el centro de Caracas, vigilados de cerca por funcionarios de la PNB y la Guardia Nacional.
«Estamos aquí exigiendo que por primera vez la Cancillería fije posición sobre requerimientos y recomendaciones de los organismos internacionales. En un nuevo momento político, la administración interina debería demostrar con hechos si existe voluntad real de permitir el ingreso de estos organismos», dijo Andreina Baduel, quien fue vocera de la actividad.
Pese al nuevo momento político, recordó Baduel, las violaciones a los derechos humanos de los detenidos no han cesado. Los presos políticos, aseveró, enfrentan condiciones «inhumanas» de reclusión, falta de atención médica oportuna o especializada, además del retardo procesal que ni la Ley de Amnistía o las excarcelaciones, en algunos casos, pudieron subsanar.
Justamente, señaló que el sábado 7 de agosto se cumplen siete meses desde que familiares están en las afueras del Internado Judicial El Rodeo I en espera de las excarcelaciones prometidas. Sin embargo, también aclaró que las liberaciones bajo medidas cautelares no dejan de ser severamente restrictivas.
Los excarcelados Reynaldo Cortés y Samantha Hernández lo expusieron durante la protesta. Denunciaron vulneraciones sobre los derechos al trabajo, movilización e incluso a la identidad pues se les niega la expedición de cédula y pasaporte.
«Estamos presos en la calle y en peores condiciones», expresó Cortés, un sindicalista excarcelado bajo medidas cautelares desde 2023.
Los familiares insistieron en que, además de la visita de la CIDH, se permita la visita de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
También solicitaron el retiro de la denuncia del Estatuto de Roma, que limita el acceso a la Corte Penal Internacional, el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado venezolano y la restitución plena de los derechos de las personas que han sido excarceladas.
Protesta presos políticos Cancillería. Caracas
Tras exponer sus casos, los familiares se enfrentaron al cerco policial y lograron acercarse a la Torre del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí ingresaron siete familiares, acompañados del coordinador general de Provea, Oscar Murillo.
La comisión fue recibida por Rodolfo Crespo, quien se identificó como secretario y se comprometió a retransmitir las exigencias y generar encuentro bilaterales para exponer sus casos. «Queremos hechos y no palabras porque muchas veces nos dicen que van a hacer las cosas distintas y siguen las violaciones de derechos humanos», expresó Baduel al término de la reunión.
Presos políticos extranjeros sin visitas consulares
Una de las cuestiones que denunció el Clippve fue la negativa de visitas consulares presos políticos extranjeros. Según el Foro Penal, hasta el 3 de agosto se contabilizan 40 detenidos extranjeros o con doble nacionalidad, la mayoría de ellos colombianos.
Andreina Baduel indicó que solo en El Rodeo I permanecen detenidos al menos 19 extranjeros que, al igual que el resto de los detenidos, padecen condiciones inhumanas de reclusión y no tienen asistencia médica adecuada.
Justamente, dentro de El Rodeo I se encuentra bajo arresto Daniel Echenagucia, quien tiene nacionalidad venezolana – italiana. Su esposa Marian Padilla denunció que desde el 19 de enero un tribunal con competencia en terrorismo emitió una boleta de excarcelación que, hasta la fecha, no ha sido ejecutada. Hace dos semanas pudo juramentar un abogado privado; sin embargo, no ha habido avance.
Presos políticos extranjeros italianos
Padilla incluso desconoce si todavía esa boleta es válida, pero insiste en que su esposo debe salir de forma inmediata con libertad plena. En tanto, Echenagucia no ha recibido la atención médica especializada que requiere para sus problemas de asma, síndrome metabólico e hipertensión.
«Han sido dos años bastante complicados para él allá adentro, para todos. Todo el mundo conoce la situación del Rodeo I, sufren de muchas situaciones inhumanas y para nosotros como familiares es una situación muy cruda», indicó Padilla.
Esa situación «cruda», describió Padilla, le impide a sus dos hijos tener contacto con su padre. Los menores de edad apenas han podido visitarlo tres veces en estos dos años. Le pueden enviar una carta escrita semanal, pero desde el penal le prohíben a Echenagucia mantener esa correspondencia.
Ese escaso contacto con su hija de apenas cinco años también lo padece Daniel Alejandro Necol Buttafuoco, quien es capitán de corbeta retirado. Hace un año y medio fue detenido por una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro mientras laboraba en una empresa de seguridad privada junto a su hermano Leonardo. Ambos tienen nacionalidad italiana y se encuentran bajo arresto en un semisótano del Conas, ubicado en Quinta Crespo (Caracas).
En estos 18 meses, dice su esposa Angie Chacón, la niña apenas lo ha visto dos veces por un máximo de 20 minutos. La mujer pidió una medida humanitaria, pues Necol ya presentaba afectaciones psicológicas y psiquiátricas previas a su detención que se han agravado. En varias ocasiones le ha comentado que desea suicidarse porque «no ve ninguna salida a esto».
La familia Necol – Chacón además se vio afectada por los terremotos: su vivienda, ubicada en Caraballeda, se derrumbó. Ahora Angie vive junto a otros familiares. «Esto es lo que tiene tan mal a mi esposo, no poder ver a su hija, tener contacto con su familia y ahora quedamos en la calle, sin casa. Yo no quiero que él se suicide».
Chacón afirmó que el caso de Daniel fue «orquestado por actores políticos disfrazado con delitos de corrupción». Actualmente está en la fase final de juicio ante el Tribunal 16 de Juicio. Insiste en que el caso continúe y debe tener una sentencia, pero que su esposo necesita ser excarcelado de forma urgente para preservar su vida.
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