El exdirector de ingeniería municipal de Caracas Sergio Sánchez explicó en el programa «NocheD» de TalCual cómo un decreto sacó a los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) del control de las alcaldías desde su creación. El ingeniero también detalló, con un caso que evaluó personalmente, cómo esa falta de supervisión municipal se tradujo en fallas concretas de construcción
Casi tres semanas después del doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio, con magnitudes de 7.2 y 7.5, el ingeniero civil Sergio Sánchez, quien dirigió la Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Caracas (municipio Libertador) entre 2009 y 2011, ofreció en el programa NocheD de TalCual un dato clave para entender por qué buena parte del parque habitacional construido por el Estado quedó sin el filtro que normalmente exige una alcaldía antes de levantar un edificio.
Sánchez repasó quién debe vigilar, en teoría, que una construcción cumpla la normativa. La Ley Orgánica de Ordenación Urbanística —vigente desde hace décadas y, a su juicio, urgida de una actualización— atribuye a las alcaldías, a través de la ingeniería municipal, la potestad de otorgar los permisos de construcción. Pero, según relató, los proyectos de la GMVV quedaron por completo al margen de ese esquema: una gaceta emitida al arrancar el programa, en medio de la urgencia dejada por la vaguada de 2010, eximió a esas obras del permiso municipal, ante la imposibilidad práctica de tramitarlo en los más de 300 municipios del país. La responsabilidad sobre esos proyectos y su ejecución pasó entonces a manos del Ministerio de Vivienda de forma centralizada.
Eso no significa, aclaró el ingeniero, que la responsabilidad por las caídas recaiga automáticamente sobre quienes firmaron esos proyectos: la cadena de responsabilidad puede involucrar tanto al calculista estructural como a la constructora o al inspector de obra, y solo un cotejo entre planos y edificación real permite establecer dónde estuvo la falla.
Sánchez propuso una ruta concreta para cualquier investigación: verificar primero si existía permiso de construcción; identificar después al calculista que firmó los planos; y comparar finalmente lo especificado en esos planos con lo que efectivamente se construyó. Ilustró el punto con un caso que evaluó personalmente años después de dejar la Alcaldía, ya como administrador delegado: un edificio de siete pisos construido bajo la GMVV cuya losa de fundación medía 10 centímetros en lugar de los 20 que exigía el cálculo original. La conclusión, dijo, fue recomendar su demolición, y así se hizo.
Por qué un doblete sísmico es distinto
El ingeniero también explicó por qué estructuras que resistieron el primer sismo colapsaron en el segundo. La clave, dijo, está en cómo se comporta el acero estructural bajo carga: al moverse una edificación durante un sismo, el acero se deforma para absorber y disipar energía sin que la estructura colapse, pero ese margen tiene un límite —el llamado punto de fluencia— más allá del cual el material queda permanentemente debilitado, como un alambre que se dobla varias veces hasta fracturarse. El primer sismo, de 7.2, ya empujó a buena parte de las estructuras hacia ese límite; cuando llegó el segundo, más fuerte, se encontró con un acero que ya no tenía la misma flexibilidad. «Es como si en vez de acero tuviese vidrio, que es mucho más frágil», resumió Sánchez, quien recordó que los cálculos estructurales rara vez contemplan la posibilidad de un doblete sísmico: se diseña, casi siempre, para un solo evento.
Edificios viejos sin revisión
La última actualización de la norma sismorresistente venezolana (Covenin), según Sánchez, data de 2017, pero advirtió que actualizar la norma para obras nuevas no basta si no se establece, en paralelo, un plan de adecuación para el parque de edificaciones más antiguas. Puso como referencia a México, Chile y Japón, países que aprovecharon terremotos previos para dar saltos regulatorios, y planteó que Venezuela atraviesa hoy una oportunidad —»muy costosa en vidas y en dinero»— para hacer lo mismo.
Consultado sobre el papel de Jorge Rodríguez, hoy presidente del Parlamento y al frente del Estado Mayor de los Campamentos Transitorios, con quien Sánchez coincidió cuando aquel era alcalde de Libertador, el ingeniero evitó pronunciarse sobre el resultado de la respuesta institucional en curso, pero advirtió que la lógica política puede terminar imponiéndose sobre el criterio técnico. Como ejemplo, cuestionó el anuncio de que en La Guaira no se construirá más de cuatro pisos, una medida que —dijo— «no obedece a un análisis técnico».
El ingeniero cerró la entrevista con un llamado a que la ciudadanía se organice junto a gremios, universidades y colegios de ingenieros para vigilar el proceso de reconstrucción, en lugar de depender únicamente de la actuación del Ejecutivo nacional.
Estructuras riesgosas en Maracaibo y otras capitales
En el caso del estado Zulia, es público, notorio y visual algunas estructuras o edificaciones que ameritan una revisión exhaustiva por parte de los organismos correspondientes como Ingeniería Municipal, Bomberos, Centro de Ingenieros y Universidad del Zulia, a fin de determinar «su uso conforme o su demolición: caso edificio Comercio en las adyacencias de la calle 77 avenida 5 de Julio, el cual se encuentra en «desuso desde hace varios años». Así como otros tantos en la capital zuliana y en otros municipios.
Ultima palabra
Al respecto el actual alcalde Gian Carlo Di Martino, tiene la última palabra, sobre todo con respecto a quienes otorgaron permisos de construcciones «irregulares como la señalada en el párrafo anterior y que la Policía Municipal que recorre todos los sectores, reporte las construcciones dudosas» afectando la economía local y poniendo en situación de riesgos a la colectividad con las pérdidas económicas que cada situación implica»
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