El gremio señaló la gravedad de estos hechos, subrayando que tales prácticas de intimidación contradicen directamente los objetivos de “garantías democráticas” y “derechos humanos” que las partes dicen promover en el nuevo proceso de diálogo.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que la periodista Deisy Martínez fue interceptada por hombres armados en las inmediaciones de La Carlota.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este jueves un nuevo episodio de hostigamiento contra periodistas durante la cobertura del inicio del diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición venezolana, luego de que la reportera Deisy Martínez, del medio Efecto Cocuyo, fuera interceptada por un grupo de hombres armados en las inmediaciones de la base aérea La Carlota, en Caracas.
A través de su cuenta en X, la organización informó que la comunicadora fue abordada por “unos seis hombres en motocicletas, con armas y vestidos de negro”, quienes le exigieron entregar su teléfono celular para revisarlo mientras realizaba labores periodísticas.
Según el sindicato, los individuos inspeccionaron el dispositivo, eliminaron el material audiovisual que había captado y fotografiaron su credencial de prensa. “Los funcionarios revisaron el dispositivo, borraron las imágenes que había tomado y fotografiaron su carnet. Durante el procedimiento discutieron por radio si debían trasladarla a la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), pero finalmente recibieron la orden de dejarla ir”, indicó el gremio.
#AlertaSNTP | Funcionarios no identificados abordaron este #06Ago a la periodista Deisy Martínez, de @EfectoCocuyo, cuando salía de La Carlota, donde intentó cubrir la primera reunión del diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno interino.… pic.twitter.com/j0puPp1f1X
— SNTP (@sntpvenezuela) August 6, 2026
El SNTP advirtió que lo ocurrido representa un hecho de especial gravedad por producirse en el contexto de un proceso político que plantea como uno de sus objetivos el fortalecimiento de las garantías democráticas. «Estas prácticas contradicen las garantías democráticas que el proceso dice promover. Exigimos investigar lo ocurrido y garantizar a la prensa acceso libre, seguro y sin discriminación», subrayó.
Diálogo inicia con restricciones al trabajo de los medios informativos
La organización recordó además que las limitaciones para el ejercicio periodístico comenzaron antes de instalarse la mesa de conversaciones. Aunque inicialmente los medios de comunicación fueron convocados para cubrir el acto en La Carlota, horas después la acreditación fue restringida y solo se permitió el ingreso de fotógrafos, mientras que los periodistas y equipos de televisión quedaron fuera del recinto.
Horas antes del encuentro, el sindicato había difundido un decálogo de propuestas para que las negociaciones incluyan garantías concretas para la libertad de expresión y el derecho a la información. Entre las medidas planteadas figura el “fin de la vigilancia y de la revisión ilegal de dispositivos”, además de otras acciones dirigidas a garantizar el libre ejercicio del periodismo.
Pese a estos incidentes, las delegaciones del oficialismo y de un sector de la oposición encabezado por la presidenta de la Asamblea Nacional electa de 2015, Dinorah Figuera instalaron formalmente el proceso de diálogo y acordaron desarrollar un primer ciclo de conversaciones hasta el próximo 12 de agosto.
Como parte de los acuerdos iniciales, ambas partes suscribieron principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe, búsqueda de una solución política, pacífica, democrática y constitucional, reconocimiento mutuo, igualdad entre las delegaciones y cumplimiento verificable de los compromisos asumidos. Asimismo, incorporaron la protección de los derechos humanos y políticos de “todas las fuerzas” como uno de los principios que regirán las conversaciones.
Posterior a la denuncia del SNTP, queda en evidencia en numerosas redes sociales que el cuerpo represivo del Estado DGCIM no respeta la Constitución ni las leyes ni los acuerdos políticos, lo que conllevaría a una revisión de sus funciones ante un posible cambio político en el país.
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