La resolución del tribunal de apelaciones desestimó el recurso del Ejecutivo y fija el 6 de noviembre como fecha clave para la reactivación automática de la protección migratoria y los permisos de trabajo, a la espera de un eventual pronunciamiento del Tribunal Supremo
TPS ofrecía a los beneficiarios protección frente a la deportación y un permiso de trabajo.
Cientos de miles de migrantes venezolanos residentes en los Estados Unidos aguardan con expectativa la posibilidad de recuperar su estabilidad legal y laboral tras la reciente sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en California.
La corte desestimó una petición del gobierno del presidente Donald Trump que buscaba mantener la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), abriendo el camino para la restitución de las salvaguardas humanitarias que fueron revocadas a la comunidad suramericana.
El litigio se enmarca en la causa National TPS Alliance contra Mullin, en la cual un tribunal de primera instancia determinó que la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, incurrió en un exceso de atribuciones legales al cancelar de forma intempestiva la extensión de la medida previamente otorgada a Venezuela.
Aunque la Casa Blanca logró en una instancia previa que el Tribunal Supremo emitiera una medida cautelar para congelar el beneficio de forma temporal, dicha orden caducará formalmente el próximo viernes 6 de noviembre de 2026.
Si el Máximo Tribunal no interviene nuevamente antes de esa fecha límite, los afectados recuperarían de forma automática la protección frente a órdenes de deportación y la vigencia de sus permisos de trabajo mientras continúa el juicio sobre el fondo del asunto.
Para la comunidad migrante, el dictamen representa una ventana de alivio frente a la incertidumbre vivida en los últimos meses, en los que la pérdida del estatus expuso a numerosos ciudadanos a procesos de expulsión hacia terceros países.
«Hay muchas personas que merecen estar en EE UU. Hay muchos latinos que entran a través de convenios, que han ido a EE UU a trabajar y a levantar la economía de ese país», subrayó una ciudadana venezolana residenciada en el estado de Texas al evaluar el alcance económico y social que tendría la restitución del beneficio.
Seguimiento de los plazos procesales
La demanda colectiva impulsada contra el Departamento de Seguridad Nacional ha sido sostenida de manera conjunta por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), las filiales de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Leyes y Políticas de Inmigración Miñana de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y la Haitian Bridge Alliance.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos destacaron que la resolución judicial devuelve un margen de seguridad a miles de familias que se encontraban en un limbo jurídico.
«Ante el ataque brutal de esta administración, la victoria de hoy renueva nuestras fuerzas para luchar por los derechos conquistados por generaciones anteriores de inmigrantes: poder vivir y trabajar sin miedo en el lugar al que llamamos hogar», señaló José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS.
Por su parte, los representantes legales del frente demandante insistieron en que el Ejecutivo estadounidense debe allanarse al criterio expuesto por las cortes federales y declinar de nuevos recursos interpuestos para frenar la orden de primera instancia.
El proceso constitucional continuará su curso en el sistema judicial federal para resolver la controversia de fondo respecto a las facultades discrecionales del DHS sobre la rescisión de programas de protección humanitaria.
Entre tanto, las firmas de abogados y las plataformas comunitarias instaron a los venezolanos amparados por el programa a mantenerse atentos a las resoluciones que emita el Tribunal Supremo antes del 6 de noviembre, fecha decisiva para la eventual reactivación de los permisos laborales.
Lcda. Amarilis Romero Sánchez CNP 12040 – Noti/Imágenes
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