Ya es alarmante las denuncias ante los medios de comunicación sobre el accionar de los funcionarios policiales indistintamente sean de CICPC o de las policias uniformadas.
Casos concretos serán entregados directamente al Ministerio Publico y ante el despacho del ministro de relaciones interiores Diosdado Cabello Rondón para luego hacer seguimiento a cada particularidad y publicación correspondiente con los funcionarios implicados como se hacía en otras gestiones. En el caso de los funcionarios uniformados, que se les aplique entre las sanciones, el acto de degradación con media vuelta y expulsión.
Ya es habitual que motorizados de las policias Nacional Bolivariana, CPBEZ, o municipales de Maracaibo o San Francisco y cualquier otro municipio abusen de su autoridad para infundar “psicoterror en ciudadanos con la finalidad de fijar alguna mascada económica”, Ante el silencio de las autoridades que no implementan algún mecanismo efectivo para la defensa de la ciudadanía.
También es habitual que alejados de su función preventiva, esten algunos funcionarios «a la casa de sus víctimas para exigir facturas de todo cuanto tenga valor en la ciudadanía, asunto este contrario a lo estipulado en la Ley con respecto a la propiedad y posesión», afectando con ello a la mayoría de uniformados disciplinados y honestos y a la misma institución.
Por todos es sabido la instrucción del comisario Douglas Rica con respecto a las alcabalas y el POV del CICPC y de igual manera del ministro Diosdado Cabello con respecto a las normas para dichas alcabalas. Pero por otra parte lo que no está escrito en la norma: es el acosamiento de ciudadanos, en especial jóvenes y mujeres con el daño ejercido a través de las presiones psicológicas.
Es hora que tanto en Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, articulen campañas de orientación ciudadana para que se realicen las denuncias respectivas y se sancione severamente a los infractores, que incluso, cuando le llegan representantes de la prensa, actúan con «cierta violencia para evitar la investigación propia de todo trabajo periodístico.
Sabemos del interés de los directores Sergio Villasmil y Primera en sanear esta conducta impropia de sus subalternos, pero es necesario articular vías efectivas para las denuncias respectivas con el acompañamiento de las sanciones a que hubiere lugar.
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