Por: Abogado Gustavo Duque Largo
El panorama regulatorio para la inteligencia artificial en Venezuela se configura actualmente a través de un mecanismo de doble vía: un código de ética recién presentado y un proyecto de ley en fase avanzada de discusión, lo que establece un marco de referencia para el desarrollo tecnológico nacional. Recientemente, el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología presentó el Código de Ética para el Desarrollo y Aplicación Responsable de la Inteligencia Artificial, un instrumento rector que no tiene rango de ley, pero que sienta las bases éticas y filosóficas sobre las cuales se pretende edificar el ecosistema digital del país.
Este código se articula en torno a nueve principios fundamentales, entre los que destacan una inteligencia artificial humanista, la equidad para evitar sesgos discriminatorios en los algoritmos, la seguridad en la protección de datos, la responsabilidad ambiental y la transparencia en los procesos . La presentación de este documento, que ya se encuentra disponible para consulta pública, busca orientar a desarrolladores, académicos y al sector empresarial en la creación de tecnologías alineadas con el bien común, bajo una visión que subordina el progreso científico a la preservación de la vida y el respeto a los derechos humanos .
En paralelo, el proyecto de Ley Nacional para el Desarrollo y Uso Ético de la Inteligencia Artificial avanza en su segunda discusión en la Asamblea Nacional, consolidándose como el pilar normativo del futuro. Esta ley, que forma parte de un paquete legislativo más amplio que incluye iniciativas sobre ciberseguridad y derechos digitales, contempla la creación del Instituto Nacional de Inteligencia Artificial . Este ente tendría como función principal la promoción, investigación y regulación de esta disciplina, garantizando que el control humano prevalezca sobre la máquina y que el desarrollo tecnológico responda a los intereses de la nación. El enfoque soberano es un eje transversal de esta regulación, pues desde el ejecutivo se ha vinculado la protección de los datos y la seguridad digital con la defensa de la soberanía nacional, advirtiendo sobre los riesgos de la dependencia tecnológica y las «burbujas de filtro» generadas por plataformas privadas .
Ahora bien, más allá del texto normativo, hay una dimensión humana que como abogado y asesor gerencial no puedo pasar por alto. Esta regulación no nace en el vacío; es la respuesta política a una inquietud ciudadana real, al miedo difuso que muchas personas sienten al ver cómo una máquina decide sobre su crédito, su empleo o su acceso a un servicio. El código de ética y la futura ley son, en el fondo, un intento de ponerle un rostro humano a los algoritmos, de recordarnos que detrás de cada dato hay una historia, una familia, una persona que merece ser tratada con dignidad.
Como profesional, valoro que el legislador haya comprendido que el riesgo ético no es un concepto abstracto, sino que se traduce en discriminación cotidiana, en exclusión silenciosa, en la impotencia de no poder apelar una decisión que ni siquiera entiendes. Y es precisamente allí donde nuestra labor como asesores adquiere su mayor sentido: no se trata solo de cumplir la ley para evitar multas, sino de construir organizaciones que, al adoptar tecnología, lo hagan con la convicción de que la eficiencia jamás justifica la deshumanización.
El verdadero desafío de la regulación no es técnico ni jurídico en su superficie, es profundamente humano: enseñar a las empresas a mirar a las personas antes de mirar los datos, y a los equipos a entender que la transparencia no es un requisito burocrático, sino un acto de respeto hacia quienes confían en sus decisiones automatizadas.
Abogado Gustavo Duque Largo – [email protected]
Asesor gerencial
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