El mega acuerdo petrolero, independientemente de todas las consideraciones de orden legal, ético y político que suscita, no puede convertirse en una oportunidad para prolongar la situación de excepcionalidad que vive Venezuela.
Si lo provisional no puede hacerse permanente, el paso siguiente tiene que ser recuperar la legitimidad democrática. Y esta solo puede surgir de elecciones libres que permitan a los venezolanos elegir a su jefe de Estado y a los integrantes del Poder Legislativo.
Para que ello suceda lo más pronto posible, será condición sine qua non que, mediante un acuerdo nacional, se designen los integrantes del Consejo Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Cualquier maniobra que pretenda obviar esta exigencia comprometerá inevitablemente la validez y legitimidad de los acuerdos que suscriba quien carece de legitimidad democrática.
La premura por obtener resultados económicos no puede basarse en el oportunismo. No se puede aceptar que lo que se presenta como una medida necesaria para superar la crisis termina siendo el atajo que perpetúa aquello que se quería superar: la ausencia de Estado de derecho.
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