En un mercado descentralizado y sin árbitros globales, la supervivencia de las organizaciones dependerá de su propia soberanía operativa y de su capacidad para auditar internamente los riesgos de una tecnología que ya está redefiniendo las reglas del juego.
Cada final de agosto, las redes sociales rescatan con tono festivo el aniversario de Skynet, la Inteligencia Artificial (IA) que en la saga Terminator tomaba el control del planeta.
Este año, coincidió con las alarmas que han vuelto a sonar desde Silicon Valley, con OpenAI desenmarañando el incidente con Huggin Face mientras suscribe junto con Microsoft, Google o Amazon un llamado alertando sobre el punto de no retorno en el que nos encontramos ante la IA: o blindamos las infraestructuras clave (hospitales, redes eléctricas o banca) frente a ataques automatizados con IA, o las consecuencias serán devastadoras. La receta que proponen estas mismas empresas consiste en desplegar más Inteligencia Artificial como escudo.
La paradoja salta a la vista y no es un guion nuevo. Desde la petición de moratoria firmada por Elon Musk en 2023 hasta las denuncias de extrabajadores sobre el silencio impuesto en los contratos de confidencialidad, las advertencias provenientes de la industria han aparecido desde hace mucho tiempo; y mientras los discursos llaman a la cautela, las inversiones multimillonarias en I+D y centros de datos no cesan en un mercado frenético.
En esta misma línea de preocupación, Bill Gates plantea en su reciente escrito que la transición producto de la IA carece de los amortiguadores que tuvieron las revoluciones industriales del pasado.
Aquellas transformaciones tardaron generaciones enteras en asentarse; la actual podría transformar todo el empleo en menos de diez años. Gates llega a sugerir medidas de choque casi bélicas: impuestos a la automatización o reservas legales de puestos de trabajo exclusivos para humanos.
Pretender frenar esta corriente mediante decretos o trabas fiscales omite algunas premisas que ya conocemos: La burocracia estatal no tiene la agilidad técnica necesaria para auditar modelos que evolucionan semanalmente, prohibir o gravar una actividad productiva provoca que el capital y el talento se muden a otro país más amable, y esto culmina debilitando el tejido productivo sin arreglar el fondo del problema descrito por Gates y los otros. Es como frenar la instalación de nuevos ATMs o cajeros de autogestión para defender el empleo de los cajeros.
Europa ya ha probado la amarga factura de este enfoque. Tras erigirse en el gendarme regulador del mundo con su ley de IA, el reciente Informe Draghi ha tenido que reconocer con crudeza la realidad: una maraña normativa que frena la innovación comunitaria y los relega a ser un mercado de consumidores más que de generadores de innovación frente al dinamismo de Estados Unidos y China.
Políticos como Emmanuel Macron y los principales directores ejecutivos de la industria continental lo han advertido sin rodeos: legislar tecnologías que no se es capaz de fabricar conduce directamente a la irrelevancia económica.
El factor que termina de desarmar cualquier intento de control centralizado es la democratización de la IA que está ocurriendo con los modelos de código abierto y el abaratamiento radical del hardware. Hoy ejecutar sistemas muy avanzados de forma local, fuera del alcance y filtros de los grandes jugadores del mercado, se materializó hasta a nivel de los individuos. Ya no hay un botón central que se pueda pulsar para detener el avance.
Para los comités de dirección y los consejos de administración, la lección es clara: asumir que la Inteligencia Artificial es solo un asunto técnico o confiar ciegamente en las promesas éticas de los grandes proveedores es una imprudencia.
Lcda .Jessica Urribarri Valbuena, CNP 19925 – Noti/Imágenes
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