Dr. José Ernesto Pons B
Las cifras sobre los ingresos petroleros y otros recursos de Venezuela no son una discusión contable aislada: detrás de cada dólar hay derechos y vidas. Cuando se administra dinero público sin información clara ni controles independientes; la opacidad abre espacio a la corrupción y dificulta saber si esos recursos llegan a quienes más los necesitan. Tristemente, el caso venezolano.
Un informe de KPMG, difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos y referido al 30 de septiembre de 2026, señala que más de 12.260 millones de dólares ingresaron en la Cuenta de Custodia de Venezuela y que 12.110 millones (el 98,7 %) habían sido desembolsados. También indica que 168,56 millones seguían bajo custodia para desembolsos posteriores. La palabra “desembolsados” requiere precisión: no significa necesariamente que todo el dinero haya sido transferido directamente al Gobierno venezolano. Parte se habría destinado a “pagos directos de bienes y servicios”.
Entre los usos autorizados que se mencionan figuran divisas para particulares y empresas a través de bancos venezolanos; más de 18 millones de dólares en maquinaria y suministros para PDVSA, etc. Pero por ninguna parte de hecho, en el bolsillo del trabajador, se reflejó el ingreso y menos el mejoramiento y bienestar de las familias de estos. Manteniendo así, los índices de pobreza e incapacidad de adquisición en materia de alimentos, salud y bienestar.
Pero persisten preguntas fundamentales: ¿qué productos se vendieron, a qué precio y quién recibió cada desembolso? ¿Dónde está la conciliación pública, completa y verificable de los ingresos y gastos? La información disponible no ofrece respuestas suficientes. Las categorías generales, la supervisión concentrada en Washington y la falta de control independiente impiden que la ciudadanía conozca con certeza el destino de recursos que pertenecen al país. La opacidad no prueba por sí sola que cada operación sea corrupta, pero sí impide descartar abusos y exigir responsabilidades.
Esa falta de rendición de cuentas resulta todavía más grave frente a la emergencia social. Mientras se discuten miles de millones de venezolanos viven con salarios y pensiones que no cubren sus necesidades básicas. El sueldo mínimo permanece estancado en 130 bolívares mensuales; las prestaciones sociales se adeudan y jubilados y pensionados enfrentan abandono y privaciones. La inflación y la depreciación del bolívar pulverizan los ingresos, mientras familias enteras luchan por conseguir alimentos, medicinas y servicios esenciales.
La corrupción y también la ausencia de mecanismos eficaces para prevenirla y sancionarla no es un problema abstracto. Desvía recursos, deteriora instituciones y puede traducirse en hospitales sin insumos, tratamientos inaccesibles, escuelas en ruinas y servicios públicos que no responden. (Lo más lamentable un pueblo que va como oveja al matadero, sin lucha, ni iniciativas de querer un cambio en sus vidas.)
Las cifras pueden resumirse en informes, porcentajes y autorizaciones. La realidad del pueblo, en cambio, se mide en vidas deterioradas, tratamientos que no llegan, platos vacíos y años de derechos postergados. Mientras el dinero circula bajo esquemas que la mayoría no puede fiscalizar, la obligación de aclarar su destino no es opcional: es un deber. Un pueblo, que no actúa se merece el trato que este régimen le ha ofrecido todos estos años.
Dr. José Ernesto Pons B. – @JosePonsB – “El dinero rinde cuando no se lo roban” N. Bukele.
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